Despacho Multidisciplinar especializado principalmente en Penal, Laboral, Fiscal, Concursal y Bancario. Además, de expedientes administrativos contra la AEAT, sanciones e inspecciones
Estamos de nuevo por aquí para hablar, en esta ocasión de un tema que en el despacho ha estado de candente actualidad, EL PODER GENERAL PARA PLEITOS, POPULARMENTE CONOCIDO COMO PODER DE RUINA.
En la práctica jurídica, y no tan jurídica, es usual que las personas, físicas o jurídicas, cuando no pueden encargarse (a veces simplemente no quieren) encargarse directamente de sus asuntos, acudan a una notaría para apoderar a alguien de su confianza.
En estos casos, puede hacerse el poder para un asunto determinado o, si los asuntos a tratar van a ser muchos, puede hacerse un poder general, por el que el apoderado podría realizar cualquier tipo de tramitación o gestión por el poderdante, así como actuar ante cualquier administración pública, asumir obligaciones, realizar pagos, aceptar herencias, vender o comprar… todo lo que podáis imaginaros sobre el patrimonio del poderdante.
Cuando se realiza este tipo de poder, es usual que el notario advierta del peligro que entraña precisamente por lo ilimitado del mismo, y por la cierta pérdida de control que implica para el poderdante.
Es importante tener en cuenta que todo lo que haga el apoderado no lo obligará directamente a el, sino a su poderdante (la persona que ha dado el poder) frente al tercero con quien el apoderado contrate. Veamos un ejemplo sencillo: el apoderado vende la casa de quien le dio el poder, realizando un contrato de compraventa con el comprador del inmueble. Pues bien, si existiese algún problema con la ejecución de dicho contrato, el comprador no puede ni debe reclamar al apoderado, sino que tiene que ejercitar acciones frente al vendedor directamente, aunque a efectos prácticos no fuera el la persona que firmó el contrato, sino que firmara el apoderado.
Esto será así con una sola salvedad: el caso en que el apoderado se presente no como tal, sino como propietario mismo. Es decir, las opciones son dos:
Que el apoderado deje constancia de que es sólo apoderado, que actúa por otra persona, en cuyo caso no queda obligado de manera alguna con el comprador. En este caso, es importante aclarar que el comprador no tendría acción frente al apoderado, sino que tendría que entenderse directamente con el poderdante.
Que el apoderado no deje constancia de lo anterior, sino que se presente como vendedor, o propietario, etc, en cuyo caso sí que quedará obligado frente a la persona con quien contrate.
¿Y qué ocurre entonces si el apoderado hace algo que no debe? En este caso, quien tendría que reclamarle directamente es la persona que lo apoderó. Y esto es importante porque, cuando debido a un mal asesoramiento, el comprador acaba montando un pleito contra el apoderado, acaba viendo cómo pierde el mismo, con condena en costas.
Me llamo Manuel Quintero Fernández, vengo de La Salle Viña, y me han tocado las prácticas en Mateos y Huelga Abogados y Asesores. Estoy estudiando actualmente un FPB de administrativo, y continuaré estudiando la misma profesión, pero un grado mas alto, concretamente un Grado Medio de Administración, en el Colegio María Inmaculada.
El despacho esta situado en Cádiz capital, en la calle Jose del Toro 1 y 3 , piso 2, donde les atenderá Tamara que ha sido la que me ha guiado en esta experiencia, con un trato muy bueno desde mi primer día de practicas.
Mi experiencia ha sido buena. Me llevaré un buen recuerdo de mi primera experiencia como administrativo en una empresa, aunque al principio me costara por que no sabía casi nada sobre el tema judicial, gracias a Tamara y sus compañeros he aprendido mucho sobre este tema y hasta nuevas palabras, he aprendido lo que contiene un expediente, la información que se necesita para llevar un caso y también me han enseñado detalles de la atención al cliente. Todas las mañanas levantándome ha merecido la pena por que algunos días descubría cosas nuevas. He estado muy tranquilo y cómodo trabajando aquí y todos sus trabajadores me han recibido muy bien. También me he llevado mis broncas y con razón pero de los fallos se aprende. He vivido experiencias que me han servido para abrirme a trabajar en un futuro como administrativo y me ha servido para saber en que tengo que mejorar,aunque sea una persona bastante fría pero también he vivido experiencias divertidas y me han tratado todos muy bien.
De los demás empleados aunque no hemos estado mucho tiempo en contacto para conocerlos, cuando han estado en el despacho han sido bastante agradables y me han tratado bien.
Me encantaría trabajar aquí con contrato después de mis prácticas, pero seguiré formándome, y tal vez volvamos a encontrarnos en un futuro.
Muchas gracias a María,Juanlu, y sobretodo Tamara ,seguid haciendo lo que estáis haciendo que es un gran trabajo, ha sido un placer trabajar con profesionales como ustedes.
Esta quincena os traigo un artículo un poco especial. Porque no es una temática muy usual, aunque para mi gusto es muy bonita viéndolo desde el punto de vista legal.
Como bien sabéis la mayoría de los que me conocéis, aparte de abogada soy escritora en mis ratos libres. Y para aquellos que dicen que hasta que no publicas no eres escritor, permitidme que haga una cita literaria, cuyo autor ahora mismo no recuerdo, y que pondré cuando me acuerde: “Si te levantas por la mañana, pensando en que lo que te hace feliz es escribir, eres escritor”. No olvidemos, que para poder publicar una novela, un ensayo, una obra de teatro… es necesario haberlo escrito. Como bien sabemos, se han dado casos de personas que han publicado novelas a través de otras personas, pero eso no implica que la persona que publica sea escritor… para nada. Es escritor quien saca de su mente las ideas y forja una obra literaria.
Pero… ¿nos pertenecen esas letras? La respuesta es muy sencilla, la idea mientras esté en nuestra cabeza es completamente nuestra, incluso cuando esté plasmada por escrito sigue siendo nuestra.
El problema viene cuando utilizamos los medios de difusión para publicarla, sea por medio del papel, plataformas digitales y demás. Aquí viene el escollo.
En el momento en el que una idea se plasma en un escrito o en una plataforma digital deja de ser nuestra, es decir, dejamos de ser propietario de la obra. A menos que la misma se encuentre registrada. Y diréis… ¿dónde?
En la comunidad autónoma de Andalucía, tendríamos que dirigirnos a cualquier Delegación de la Consejería de Educación y Cultura (en concreto en Cádiz se encuentra en la Calle Cánovas del Castillo), y solicitáis el formulario para inscribir vuestra obra.
Tenéis que entregar tres copias y pagar una tasa, de más o menos unos quince euros. Una vez presentáis la solicitud, la obra ya está registrada y la propiedad intelectual es vuestra. ¿Por qué hacer esto? Es una cosa muy sencilla. Si luego, cuando queramos, porque seamos blogueros o cualquier cosa, comenzamos a publicarlo… sea en un blog, en una plataforma digital, o incluso en soporte en papel; debemos tener cuidado, porque en el momento en el que un solo dígito de la obra se plasma en cualquier plataforma, deja de ser privado, cualquiera puede tener acceso a nuestra obra. Y lo de menos no es que tenga acceso… sino que directamente copie el texto y lo ponga en su plataforma y se autoadjudique la titularidad del mismo y la propiedad intelectual.
En estos casos, tenerla registrada es la mejor opción, porque acredita que con anterioridad a esa publicación, la obra ya era nuestra, ergo… lo que están haciendo es un plagio, o un robo de autoría.
Pero… ¿qué ocurre cuando no la tenemos registrada? ¿Qué problema nos encontramos?
Aunque parezca una tontería como una casa, representa más importancia de la que parece. Por una razón muy sencilla.
Pongamos un supuesto práctico. “Escribimos una novela, y se la pasamos a un amigo para que la lea. Este amigo se aprovecha, la registra como suya y luego la publica para obtener beneficios atribuyéndose la autoría de la novela”.
Sí, es despreciable, lo sé, pero ocurre más de lo que pensamos.
¿Qué podemos hacer? Lo primero es… tener claro que esa obra siempre será nuestra, aunque de puertas para afuera la haya registrado otra persona. Evidentemente hay que ir al Registro de Propiedad Intelectual, comprobar la fecha en la que se registró… y luego, comprobar nuestros datos. Un dato que la gente suele obviar, es hablar con un informático para que saque la fecha de creación y los metadatos del archivo pdf de la obra. ¿Qué se puede obtener de ahí? Pues una radiografía de su creación: la fecha en la que se creó, las veces que se ha modificado, si ahondas más puedes saber hasta las modificaciones que se han hecho (si el informático es bueno), y sobre todo, la fecha última de modificación. Y para mayor inri, se puede identificar (os lo adelanto, para que en cuanto encuentre el artículo donde lo leí, os dejo el enlace), hasta la dirección Mac del ordenador en el que se creó el PDF.
¿Por qué buscamos esto? Porque la única forma que tenemos de demostrar que la obra es nuestra y que el registro y autoría es falso… es demostrar que nosotros la creamos antes, y que evidentemente no nos encontramos ante una obra que pudiera calificarse de original.
Tras todo esto que he explicado, hemos de tener presente que una obra literaria es nuestra siempre que no salga de nuestro dominio, y en caso de que salga, siempre que esté registrada. Y en caso de que alguien vaya con mala fe, y se apropie ilegalmente, podríamos acreditar que la teníamos ya en nuestro ordenador antes. Es una forma de crear un indicio de que la obra literaria es nuestra.
Os dejo el enlace del Ministerio de Cultura y Deporte para más información.
Buenas a todos, hace mucho tiempo que no escribo, y de hecho ha sido un año lleno de muchas cuestiones y acontecimientos tanto buenos como malos. Esta quincena quiero hacer presente un aspecto que pocas personas conocen a la hora de realizar la declaración de la renta, y año tras año, muchos por desconocimiento no obtienen este derecho. Hablamos de la deducción por familiar con minusvalía a cargo.
En la declaración de la renta nos podemos encontrar con muchas deducciones, y de hecho, algunas que teníamos han dejado de tener vigor a día de hoy, desgraciadamente. Como las deducciones por alquiler, por hipoteca, y muchas otras deducciones tanto estatales como autonómicas de las cuales no podemos disfrutar.
Sin embargo, tenemos dos, que mucha gente desconoce, y que nos parece una pena que, teniendo derecho a ellas, no se utilicen por desconocimiento. Son dos, la deducción por ascendiente con minusvalía a cargo, y por cónyuge con minusvalía a cargo. Voy a explicarlas conjuntamente, ya que tienen la misma esencia y la misma regulación. Vamos allá.
– Deducción por cónyuge con minusvalía a cargo.
Es un derecho que tiene el cónyuge de un discapacitado por tenerlo a su cargo. Esta deducción puede solicitarse por anticipado, o al realizar la declaración de la renta. En este caso, la deducción no tendrá un importe superior a 100 euros al mes (1.200’00 € al año). Y para obtenerla, es necesario que se cumplan varios requisitos:
1.- Que exista un vínculo matrimonial. Quedan excluidas las parejas de hecho, separadas o divorciadas.
2.- La persona que presenta la solicitud en la Declaración de la Renta, debe estar cotizando a la Seguridad Social, ser pensionista o recibir un subsidio por desempleo.
3.- El cónyuge del solicitante debe tener reconocido el grado de discapacidad igual o superior al 33% y no percibir más de 8.000 € netos / anuales.
4.- Que el cónyuge del solicitante no se beneficie, a su vez, de ninguna de las ayudas por discapacidad por tener ascendientes o descendientes discapacitados o dependientes a su cargo.
Para solicitar la deducción por cónyuge discapacitado el contribuyente debe cumplimentar las casillas correspondientes al realizar su Declaración de la Renta.
El primer paso es seleccionar el hipervínculo titulado “Deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad”. Este enlace está situado en el epígrafe “Cuota diferencial”, junto con otras deducciones por discapacidad, la deducción por maternidad o la deducción por familia numerosa.
El importe diferencial máximo será de 500 euros y al realizar la solicitud deberá cumplimentarse otra información sobre cotizaciones del cónyuge, además de la fecha del matrimonio, la fecha de la obtención del Certificado de Discapacidad, si el cónyuge está o no obligado a realizar la Declaración de la Renta o si se ha obtenido algún abono anticipado de esta deducción.
Si ya hemos solicitado este incentivo con anterioridad (en 2018 y 2019), en la siguiente Declaración de la Renta los datos asociados a esta deducción aparecerán automáticamente.
Pero, si hemos percibido la deducción de manera anticipada, la situación se regularizará automáticamente al cumplimentar los datos correspondientes a esta ayuda.
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– Deducción por ascendiente con minusvalía a cargo.
Tendrán derecho a percibir una deducción de hasta 1.200 euros anuales, por cada ascendiente con discapacidad con derecho a la aplicación de los mínimos por ascendiente y por discapacidad de ese ascendiente.
Los contribuyentes tendrán derecho a percibir la deducción de forma proporcional al número de meses en que concurran de forma simultánea la situación de discapacidad y la realización de una actividad por cuenta propia o ajena por la cual se esté dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad alternativa, o bien, la percepción de prestaciones contributivas o asistenciales del sistema de protección del desempleo, o pensiones abonadas por la seguridad Social, Clases Pasivas o por Mutualidades de Previsión Social alternativas.
Los importes se prorratearán en función del número de meses en que se cumplan los requisitos.
La determinación del cómputo del número de meses para el cálculo de la deducción se tendrá en consideración la situación de discapacidad el último día de cada mes.
Para el colectivo de contribuyentes que realizan una actividad por cuenta propia o ajena con cotizaciones (Colectivo 1), el límite de la deducción será, por cada una de las deducciones (descendientes, ascendientes, familia numerosa, ascendiente con dos hijos) la cuantía de dichas cotizaciones, sin tener en consideración las bonificaciones que pudieran corresponder.
Para el colectivo que perciba prestaciones del sistema de protección del desempleo o ser pensionista (Colectivo 2), no existirá esta limitación, teniendo derecho a la aplicación de la deducción cada mes en el que, al menos, coincida la situación de discapacidad y la percepción de cualesquiera clase de prestación.
Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de la deducción de un mismo ascendiente su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales. Pudiéndose ceder el derecho a la percepción de la deducción.
Cesión del derecho a la percepción de la deducción
Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de la deducción y se cede el derecho a uno de ellos, el importe no se prorrateará, sino que se aplicará íntegramente por el contribuyente en cuyo favor se hubiera cedido la deducción.
Para el cómputo de la deducción:
Se tendrá derecho a la deducción los meses en que cualquiera de los contribuyentes que tuvieran derecho cumpla los requisitos previstos.
Para el Colectivo 1 se tendrán en cuenta de forma conjunta las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y Mutualidades correspondientes a todos los contribuyentes que tuvieran derecho a la deducción.
Para el Colectivo 2 no se tendrá en cuenta ningún límite.
Los importes que, en su caso, se hubieran percibido anticipadamente, se considerarán obtenidos por el contribuyente en cuyo favor se hubiera cedido la deducción.
Cuando se hubiera optado por la percepción anticipada de la deducción presentando una solicitud colectiva, se entenderá cedido el derecho a la deducción a favor del primer solicitante.
En los restantes casos se entenderá cedido el derecho a la deducción a favor del contribuyente que aplique la deducción en su declaración, debiendo constar esta circunstancia en la declaración de todos los contribuyentes que tuvieran derecho a la deducción.
Compatibilidad
Esta deducción es compatible con la deducción por maternidad y con la deducción por familia numerosa.
Esta deducción minorará la cuota diferencial del impuesto. Por tanto, si su declaración resulta a devolver incrementará el importe de la devolución y si el resultado de la declaración es positivo minorará el importe a pagar.
Espero que esta información os haya servido de ayuda, y que la tengáis en cuenta para la realización de la declaración de la renta. Por lo demás, os veo dentro de quince días. Usad la mascarilla, distancia de seguridad, y tened cuidado y responsabilidad.
Vaya por delante que no soy muy quejica que digamos, pero me parecía interesante escribir aquí ciertos obstáculos que últimamente nos hemos encontrado tanto mi compañera de despacho como yo.
Recientemente hemos sufrido/disfrutado los inconvenientes de embarazos y puerperios (os escribo conectada al sacaleches para preparar la comida de mañana de mi bebé). El caso es que si bien las autónomas tenemos ciertas ventajas vitales, está claro que la conciliación no es una de ellas, y siendo abogadas, al contrario de lo que podría pensarse, la cosa se complica bastante. Además a ello debemos unir la situación actual del país (el papá de la criatura está en ERTE y estuvimos bastante más tiempo del deseable para tramitar el cambio a baja por paternidad y obtener el cobro).
Es cierto que dentro de mi despacho, la gran mayoría de clientes han entendido la situación cuando hemos tenido que suspender o posponer algo, entendiendo que se ha hecho única y exclusivamente cuando ninguna de las letradas podía acudir por tener otros señalamientos o por otros motivos de peso. Pero no todos han sido así. Recuerdo perfectamente a un cliente del turno que teniendo pendiente un proceso por importe de 600 euros, y sin tener siquiera vista señalada (es decir que no se le iba a suspender ni a retrasar nada), acudió fervientemente al colegio a pedir que le designaran otro letrado porque la suya estaba embarazada. Cuando pregunté qué había pasado me dijo que no iba a consentir que porque yo estuviera embarazada se fuera a parar el mundo. Repito que no había necesidad de pararle nada porque su procedimiento recién se había iniciado.
Cierto también que la mayoría de los Juzgados han entendido si hemos tenido que cambiar alguna fecha. Pero no todos han sido así. Cierta secretaria judicial de Cádiz (de cuyo nombre no quiero acordarme) a la que le pedí suspensión por ciertas patologías que hacían poco recomendable que me relacionara con no convivientes habida cuenta de la pandemia y el embarazo en su recta final (parí días después), me dijo que buscara un sustituto. Señora, entienda usted que estoy de baja médica (que no llegué a cobrar nunca) y que no estoy yo como para ponerme a pagar sustituciones a lo loco, además del hecho de que no tengo obligación legal de hacerlo. Le aporté documentación médica y le indiqué que el cliente estaba conforme con suspender y que no quería a otro abogado. La llamé para hablar con ella y me colgó el teléfono, para no volvérmelo a coger jamás. De manera que me vi obligada a hablar directamente con su señoría, que tuvo la delicadeza de pedirme primero que nada disculpas por lo que me estaba sucediendo y por tal falta de empatía, y me aseguró que recurriera la decisión de la secretaria para poder arreglarlo.
Cierto también que los compañeros que nos hemos encontrado como contrarios han sido amables hasta decir basta. Pero no todos. A una compañera del despacho, ingresada en el hospital por un tema médico gravísimo, un compañero quiso negarle una suspensión alegando que podía venir otro compañero, a pesar de que le aportamos documentación de señalamientos coincidentes y de que no teníamos más personal. El asunto se solventó por su señoría, pero el disgusto fue tremendo.
Y aquí me hallo, con un retraso de 3 meses para cobrar mi maternidad (por fin llegó pero se hizo de rogar), intentando cuadrar mi vuelta a los ruedos con la agenda en una mano y el sacaleches en la otra y pensando cuántas miles de autónomas se ven en la obligación de renunciar a sus pequeñas empresas, hastiadas hasta decir basta de este sistema que no entiende, que no comprende, que no comparte, y que no busca ni ofrece soluciones a la maternidad/paternidad, porque al final es un problema que sufrimos todos los géneros. Los autónomos no tenemos reducciones de jornada, la mayoría de las veces ni tan siquiera tenemos un horario establecido, por más que lo intentemos, y acabamos atendiendo al teléfono un domingo por la mañana, o recordando a un cliente que esa dudita tan urgente que le ha surgido un jueves santo puede y debe esperar hasta el lunes, porque no se está quemando nadie.
No quiero decir con todo esto que vivamos mejor o peor que las trabajadoras por cuenta ajena (yo libremente he decidido que mi camino es este y tiene ventajas que desde luego no cambio por nada). Y por supuesto vivo siempre agradecida del trabajo y del movimiento en mi empresa, que es lo que da de comer a mis hijos.
Pero me parece importante hacer un llamamiento, desde mi humilde alcance a la necesidad de sororidad en la sociedad, todos somos madres/padres, hijos, hermanos, y personas. Y todos tenemos o venimos a tener los mismos problemas e inconvenientes tarde o temprano, razón por la cual me parece importante que, antes de tratar esta problemática de manera cerrada y tajante, seamos capaces de pararnos, respirar, y no contribuir a este tipo de situaciones, sino ser parte de la solución, ya no por mí, sino por todos los padres y madres de este país.
Buenos días a todos compañeros@. La verdad que os escribo siempre muy seria pero es por una situación especial que terminará la próxima semana. Después de esos días prometo que no sólo estéis informados sino sacaros una sonrisa cuando veáis nuestro blog.
Un poco cansada está semana de algunos problemas con la página de la Seguridad Social. Porque supongo que por la necesidad de muchas familias todos hemos estado intentando mandar la ayuda del mínimo vital.
Aunque desde MyH Abogados y Asesores, nos comprometemos con todas las personas que se le haga difícil solicitarla, nosotras se las podemos presentar si nos traen la documentación que se le requiere.
A todas las personas que hayan presentado su declaración modelo 100 y tengan algún problema con ella, no dude en ponerse en contacto con MYH ya que somos especialistas en Tributario.
Para cualquier aclaración o duda sobre recursos que se formulan ante la Administación estaremos encantadas de atenderles.
Esta semana nos llegaron varias incapacidades de las cuales tendrán resultado positivo. Ya que yo me asombró mucho cuando me explican que tienen la espalda con placas y rodillas con clavos y esa persona tiene una edad que pasa de los 60 y todavía no tienen grado de invalidez porque alguien dice que es apta para trabajar. Tendría un mal día el Funcionario. De todas formas no es lo que pretendo ir en contra de las Administraciones quiero también comentaros que hay ayudas a las cuales nos podemos acoger bien estemos desempleados, seamos Autónomos y Empresas.
Os dejo un enlace de la Junta de Andalucía donde se detallan estas ayudas. NO dudéis en poneros en contando con nosotras para cualquier aclaración. Os deseo una semana llena de motivaciones que en definitiva es lo que necesitamos mucha salud y mucho trabajo.
Y tened en cuenta que el país lo movemos los trabajadores y emprendedores.
Buenas a todos, como cada semana os ofrecemos una publicación sobre aspectos legales que pueden ser de vuestro interés. Esta semana, como llevo tiempo sin escribir de Derecho Penal, os ofrezco un momento en fase de instrucción que cualquier abogado defensor teme más que a una vara verde: la comparecencia del Artículo 503 de la LECRim. O comúnmente conocida como la comparecencia de prisión provisional. Analizaremos, de forma exhaustiva, los requisitos para que concurran, y que hacer cuando tenemos que oponernos a ella. Tomare como base la legislación vigente, que viene bastante reflejado y claramente lo que pretendo analizar.
Artículos 502 a 519 de la LECRim
(Especial atención a los requisitos del artículo 503 de la LECRim)
La prisión provisional responde a la necesidad de evitar ciertos riesgos relevantes para el proceso y, en su caso, para la ejecución del fallo, a saber: su sustracción a la acción de la Justicia, la obstrucción de la instrucción penal (riesgo de destrucción de pruebas) y la reiteración delictiva.
El artículo 502.2 de la LECRim establece que ” la prisión provisional solo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional “. El apartado 3º del citado artículo 502 señala que “el Juez o Tribunal tendrá en cuenta para adoptar la prisión provisional la repercusión que esta medida pueda tener en el imputado, considerando sus circunstancias y las del hecho objeto de las actuaciones, así como la entidad de la pena que pudiera ser impuesta “.
Por su parte, el artículo 503 preceptúa lo siguiente:
” 1. La prisión provisional sólo podrá ser decretada cuando concurran los siguientes requisitos:
1º Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el imputado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso.
2.º Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión.
3.º Que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines:
a) Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga.
Para valorar la existencia de este peligro se atenderá conjuntamente a la naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiera imponerse al imputado, a la situación familiar, laboral y económica de éste, así como a la inminencia de la celebración del juicio oral, en particular en aquellos supuestos en los que procede incoar el procedimiento para el enjuiciamiento rápido regulado en el título III del libro IV de esta ley.
Procederá acordar por esta causa la prisión provisional de la persona imputada cuando, a la vista de los antecedentes que resulten de las actuaciones, hubieran sido dictadas al menos dos requisitorias para su llamamiento y busca por cualquier órgano judicial en los dos años anteriores. En estos supuestos no será aplicable el límite que respecto de la pena establece el ordinal 1.º de este apartado.
b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto.
No procederá acordar la prisión provisional por esta causa cuando pretenda inferirse dicho peligro únicamente del ejercicio del derecho de defensa o de falta de colaboración del imputado en el curso de la investigación.
Para valorar la existencia de este peligro se atenderá a la capacidad del imputado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba o para influir sobre otros imputados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo.
c) Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal. En estos casos no será aplicable el límite que respecto de la pena establece el ordinal 1.º de este apartado.
También podrá acordarse la prisión provisional, concurriendo los requisitos establecidos en los ordinales 1.º y 2.º del apartado anterior, para evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos.
Para valorar la existencia de este riesgo se atenderá a las circunstancias del hecho, así como a la gravedad de los delitos que se pudieran cometer.
Sólo podrá acordarse la prisión provisional por esta causa cuando el hecho delictivo imputado sea doloso. No obstante, el límite previsto en el ordinal 1.º del apartado anterior no será aplicable cuando de los antecedentes del imputado y demás datos o circunstancias que aporte la Policía Judicial o resulten de las actuaciones, pueda racionalmente inferirse que el imputado viene actuando concertadamente con otra u otras personas de forma organizada para la comisión de hechos delictivos o realiza sus actividades delictivas con habitualidad.
Es decir, después de toda esta parrafada es más coloquialmente dicho, que cuando la naturaleza del delito investigado, reviste riesgos de fuga, de destrucción de pruebas o que resulte un peligro para la víctima o el propio cuerpo del delito, se contempla directamente que el investigado entre en prisión provisional por los motivos tasados en la ley en aras de prevención.
Por algo es, que se le llama prisión preventiva, para asegurar que no se fugue, ni que se destruyan pruebas de ningún tipo.
Esto solo puede solicitarse si la pena del delito es superior a dos años de prisión, y el investigado revista indicios de peligrosidad, y que no concurran las características del delito en su modalidad imprudente, es decir, tiene que haber voluntad y conocimiento en cometer el delito.
Aspectos si prevemos que se va a solicitar prisión provisional para nuestro cliente
Partiendo del análisis anterior, recomiendo tener en cuenta lo siguiente:
El juez instructor nos va a dar la palabra para alegar en oposición a la medida interesada por el Ministerio Fiscal. Centrémonos en rebatir los requisitos del artículo 503 de la Ley Procesal Penal:
– Arraigo en nuestro país.
– Hijos a su cargo.
– Trabajo remunerado.
– Vivienda alquilada o en propiedad.
– No hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, ya que estamos ante unos hechos que van a traer aparejada una instrucción sencilla.
– Finalicemos solicitando la adopción de medidas personales menos gravosas y restrictivas de derechos para nuestro defendido, tales como fianza, retirada del pasaporte y comparecencias semanales o quincenales, a elección de Su Señoría. Siempre enfocado a medidas menos restrictivas.
Espero que os haya parecido instructivo e interesante, no olvidéis compartir en vuestras redes sociales.
Buenos días y buena semana a todos. Retomamos nuestro blog como cada lunes, recogiendo el testigo que la semana pasada nos dejara Ana Sánchez.
Soy de las que lee la prensa digital con el café de cada mañana. Hay que estar al día de lo que ocurre en el mundo, aunque ver el telediario me corta el desayuno en el estómago, y sólo compro prensa en papel cuando regalan algo con la misma; así que mi remedio es coger mi tablet a primera hora de la mañana, y usarla como una ventana al mundo. Pues bien, la semana pasada llamaba mi atención una noticia de Eldiario.es acerca de un trabajador que, tras mucho batallar, finalmente se quedó con un finiquito inferior al que le correspondía, por firmar lo que no debía, o hacerlo sin la suficiente información al respecto. Pensé que era una noticia de rabiosa actualidad, y que era necesario analizarla en profundidad porque, o mucho me equivoco, o a todos estos Ertes los van a seguir un buen montón de despidos (ojo que me gustaría no llevar la razón).
Pues bien, empezaremos definiendo el finiquito como tal. Cuando una relación laboral acaba, por el motivo que sea, la empresa procede a elaborar un documento de liquidación del trabajador, donde, por decirlo lo más resumidamente posible, le indica si se le debe algún concepto (no siempre tiene que debérsele algo), y en su caso, le ofrece la cuenta desglosada de las diferentes cantidades. Tendemos a pensar que el finiquito está relacionado con la indemnización por despido, pero no tiene por qué ser así. Es decir, si ha existido despido, por la causa que sea, la empresa introducirá en el finiquito la indemnización que crea que nos corresponde. Pero no si no ha existido despido, bien porque el trabajador no era indefinido, o bien porque la decisión extintiva no ha sido de la empresa, sino del trabajador, igualmente nos ofrecerán este documento. En este caso, no habrá indemnización por despido, pero puede haber otros conceptos (como por ejemplo las vacaciones que no se hayan disfrutado).
Pues bien, a veces el trabajador tiene la precaución de informarse antes de firmar dicho documento, pero otras veces se confía demasiado en la persona que le expone el mismo, o se ve presionado a firmar (no son pocas las veces que nos llega al despacho un trabajador que nos dice que ha firmado antes de venir porque si no la empresa no le pagaba un duro, y necesitaba el dinero que le ponían por delante). Y entonces… vemos el mundo caerse delante de nuestros ojos. Porque esa firma, va a traernos más de un quebradero de cabeza.
Algo parecido le ocurrió al trabajador de la noticia que leía, al que le ofrecieron el finiquito, y a la misma vez, le introdujeron en el mismo, las siguientes expresiones:
“suscribo mi conformidad con el acuerdo de 29 de abril de 2016.”
“acepto igualmente las bases de cálculo, cuantía de la indemnización, así como los conceptos y cuantías de la liquidación de haberes, quedan exceptuados únicamente los errores de carácter aritmético de esta.”
“me declaro totalmente indemnizado, saldado y finiquitado a todos los efectos, en relación con cualquier concepto, fijo o variable, al que pudiera tener derecho como consecuencia de la relación laboral mantenida y su extinción.”
Y después de firmar, sucede que el trabajador comprueba que le corresponde una indemnización mucho mayor y, por tanto, decide llevar el asunto a los Tribunales. Y pierde las dos primeras de las veces, dado que tanto el Tribunal de primera Instancia como el TSJ de Valencia, entienden que la mencionada firma del trabajador, tiene carácter liberador para la empresa. Es decir, que efectivamente, se quedaba con lo recibido, y perdía todo lo demás, y aquí paz y después gloria.
La dirección letrada del trabajador, conocedora de que el Tribunal Supremo no tiene la misma idea sobre la liberación que la firma supone para la empresa, decide llevar a nuestro alto tribunal el asunto. Pero a pesar de esto, tampoco el Supremo le ha dado la razón al trabajador, y ello, por una cuestión meramente procesal.
No entra el Supremo en el fondo del asunto, sino que simplemente entiende que no se ha ofrecido una sentencia de contraste lo suficientemente parecida. Es decir, en este tipo de casos, cuando acudimos al Tribunal Supremo, debemos añadir la sentencia que recurrimos (la nuestra) y otra (sea del Supremo o de algún TSJ) en la que, con los mismos hechos, el sentido de la sentencia fuera distinto. De esta manera, el Supremo decide si en ese tipo de casos, la solución puede ser una u otra, unificando la doctrina, y sentando precedentes para el resto de Juzgados y Tribunales.
Lo que ha sucedido en esta ocasión es que el Alto Tribunal entiende que es muy complicado encontrar en este tipo de asuntos una sentencia de contraste lo suficientemente parecida, así que, al no haber identidad suficiente entre los casos, no tiene nada que examinar. Es cierto que la Sentencia tiene 4 votos particulares, que entienden que sí podía entrarse al fondo del asunto, y debía darse al trabajador la diferencia perdida. Pero la democracia, hizo que 4 votos no fueran suficientes y, por tanto, el recurso se haya perdido, dado que la mayor parte de los magistrados entienden que las circunstancias que rodean a las firmas de cada finiquito son tan distintas, que es imposible prácticamente encontrar sentencias de contradicción.
Es por ello que me llamó la atención la noticia porque, de haberse tomado algo de tiempo para informarse sobre aquello que firmaba, no se hubiera visto en esa tesitura. ¿Qué recomendamos nosotros? Si no tienes tiempo, dinero o lo que sea (a veces cualquier excusa es buena) para acudir a un despacho profesional a que te analicen lo que vas a firmar… siempre nos quedará la panacea de firmar, usando la coletilla de NO CONFORME. De esta manera, el trabajador recibe lo que la empresa le pone sobre la mesa, pero no pierde su derecho de reclamar aquello que le corresponde ante los Tribunales, con más garantías de éxito que en el caso que nos ocupa.
Esperamos que el caso os parezca tan útil como me lo pareció a mí, y que disfrutéis de nuestra entrada semanal. Me despido unas semanitas, dando paso a mis compañeras.
Buenas a todos. Como siempre, y con gran ilusión, procedo a hablaros de una situación que nos está afectando a muchos de los españoles, la situación de los ERTES para los trabajadores que han visto suspendida su relación laboral durante toda esta situación del COVID-19.
El estado de Alarma ha paralizado la economía de España, y a puesto en peligro muchos puestos de trabajo.
Precisamente para evitar peores consecuencias en el empleo el Gobierno ha flexibilizado los mecanismos de ajustes de actividad para evitar despidos de empresas mientras dure la emergencia sanitaria.
Lo peor de todo es que nos damos cuenta de que en ciertos sectores no esta sucediendo esto, y la alarma social es muy evidente.
Desde MyH Abogados os podemos informar que tenemos todo el asesoramiento para que vuestra empresa sea del sector que sea podamos dar un impulso a través de varias ayudas que se pueden solicitar.
Y tambien asesorar de los aplazamientos con Organismos Oficiales que podemos gestionar.
Al igual informaros de las ayudas que se presentan a partir del dia 15 que es el ingreso mínimo vital y que se debe solicitar a través de la sede electrónica de la seguridad Social
Para cualquier aclaración y poderos ayudar me podeís llamar al telefono 744.602.217, que cualquier duda os la puedo solventar por teléfono o bien en nuestros despachos.
Lo ideal para el empresario es reinventarse al mínimo coste y aprovechando las ayudas estatales.
Estamos a vuestra diposisción para cualquier tema.
También avisaros que el día 30 de junio es el último día para la presentación de la Renta y que si necesitarais aclarar o que os hagamos la declaración no dudeís en llamarme.
Esta semana continuamos con un tema de nuestra especialidad en el Despacho. Como bien sabéis, nuestro equipo, es especialista en Derecho Bancario, y como bien habéis podido leer en nuestra batería de posts anteriores, hemos publicado sobre asuntos como las cláusulas suelo, el IRPH, las tarjetas “revolving”, y ahora toca otro asunto que me vienen muchos clientes a preguntar si procede reclamar, o si le ampara algún tipo de derecho: la comisión por posiciones deudoras vencidas.
¿Qué es la comisión por posiciones deudoras vencidas?
Dependiendo de la entidad bancaria, normalmente, cuando te pasan el recibo de la hipoteca, préstamo personal, tarjetas, etc., siempre tenemos unos días para poder ingresar el dinero en cuenta sin que haya ningún tipo de penalización. Normalmente son cinco días. Sin embargo, como bien puede pasar a cualquiera, siempre podemos cobrar un poco más tarde, o puede incluso que nos retrasemos por un gasto imprevisto y tardemos más de cinco días en ingresar el dinero.
Una vez pasan esos cinco días, la entidad bancaria procede a imponernos dos cargos en cuenta: la cuota del préstamo que corresponda, y un cargo aparte con el concepto de “comisión por posiciones deudoras vencidas”. Una persona que tenga el cargo de su hipoteca el día 28, y no cobre hasta el día 5 del mes siguiente, siempre tendrá esta comisión cargada en su cuenta mes a mes. El importe medio de este tipo de comisiones es de unos 35 euros por recibo.
Esta comisión encuentra su origen en la penalización al deudor que se retrasa en el pago de la hipoteca o del préstamo financiero, por “reclamación de la posición deudora”. Esto, amigos míos, es totalmente absurdo, además de ilegal. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, la reclamación de aviso de posición deudora ya es que ni siquiera se hace por carta certificada, sino que suele hacerse por un email, por lo que no genera gastos en absoluto. Además, el tiempo de descubierto en la cuenta corriente es tan pequeño (generalmente hasta que el deudor cobra su nómina).
Dicha comisión alcanzaría los requisitos de legalidad para ser válida si el deudor no ha satisfecho el descubierto antes de que el banco realice reclamación fehaciente. Pero generalmente el banco ni siquiera se espera a realizar la reclamación para cobrar la comisión.
Si esto ocurre, lo que debemos hacer es reclamarla ante la Oficina de Atención al Cliente de nuestro banco.
¿Por qué se entiende abusiva esta comisión?
Esta profesional que os escribe considera abusiva esta comisión por posiciones deudores vencidas por dos razones de peso:
La primera, es por lo que ya os he expuesto: porque básicamente el banco carga la comisión y realmente no llega a tener que reclamar el pago al deudor, porque el tiempo de descubierto es tan corto que la reclamación no llega a producirse. Es decir, el banco carga la comisión sin hacer la reclamación, y luego no la devuelve porque no es un servicio realmente realizado ni un gasto generado.
La segunda, es porque se considera una doble penalización al deudor. Porque como todos sabemos, el impago de un recibo de un préstamo financiero, genera intereses de demora que son reclamables al deudor (si luego resulta que el tipo de interés de demora es abusivo, es harina de otro costal del cual hablaremos en el siguiente post). Imponer esta comisión al deudor sin que la reclamación formal se haya hecho, se está penalizando por segunda vez al consumidor por no pagar el recibo.
¿Cómo se reclama esta comisión?
Si nos cobran una comisión por reclamación de posiciones deudoras antes de tiempo hay que ir cuanto antes a la oficina y solicitar que nos la quiten.
Lo normal es que la quiten sin problema ya que no podrán justificar el gasto en el que el banco ha incurrido por la reclamación.
El banco la cobra y se quedará con el dinero de toda la gente que no reclame por desconocimiento, por vergüenza o por cualquier otro motivo. Hay que reclamar siempre.
Ejemplo claros podemos encontrar por todas partes, si somos de los afortunados que nunca nos ha pasado si preguntamos a familiares o amigos seguro que encontramos algún caso.
Los pasos a seguir son los siguientes:
1º— La cuenta entra en descubierto aunque sea por una pequeña cantidad de 20 euros debido a un recibo o comisión bancaria.
2º— De manera automática el banco carga una comisión por reclamación de posiciones deudoras de media de 35 euros, a esa comisión hay que sumarle otra comisión en concepto por descubierto, que suele ser de un porcentaje sobre la mayor posición deudora pero esa comisión tiene un mínimo de unos 14 euros aproximadamente. Y por último hay que sumar los intereses de demora. Así que simplemente por entrar en descubierto nos cobran 35 euros por un lado y 15 por otro, en total 50 euros. Además de esto, como la penalización principal, hay que añadir los intereses de demora.
3º— En cuanto nos damos cuenta del descubierto ingresamos, vamos al banco y descubrimos con sorpresa que el descubierto que tenemos de 70 euros, en un solo día, o como mucho en dos. Materialmente no ha dado tiempo a que el banco proceda a la reclamación de la cantidad del recibo impagado, por lo que entendemos que ha cobrado ese dinero, “por la cara”.
El Banco de España permite esas comisiones pero exige al banco que Realmente haya hecho gestiones para cobrar la deuda y que el descubierto sea culpa del cliente.
Viendo las cantidades que se cobran en muchos bancos por estos pequeños descubiertos hay que procurar en primer lugar evitarlos.
¿Cuánto cobran las entidades bancarias por este tipo de comisiones?
Banco Santander: 39 euros
Banesto: 39 euros
Sabadell: 35 euros
Bankia: 35 euros
Caixa Bank: 35 euros
Catalunya Caixa: 35 euros
Citi Bank: 35 euros
Ibercaja: 35 euros
Liberbank: 35 euros
Unicaja: 35 euros
Banco Pastor: 34 euros
Banco Popular: 34 euros
Bankinter: 30 euros
BBVA: 30 euros
ING Direct: 25 euros
Espero que os haya resultado ilustrativo, si necesitáis o estáis afectados por este tipo de cláusulas, no dudes en ponerte en contacto con nosotras para lo que necesitéis.
