Declaración de la Renta. Deducciones desconocidas

Buenas a todos, hace mucho tiempo que no escribo, y de hecho ha sido un año lleno de muchas cuestiones y acontecimientos tanto buenos como malos. Esta quincena quiero hacer presente un aspecto que pocas personas conocen a la hora de realizar la declaración de la renta, y año tras año, muchos por desconocimiento no obtienen este derecho. Hablamos de la deducción por familiar con minusvalía a cargo.

En la declaración de la renta nos podemos encontrar con muchas deducciones, y de hecho, algunas que teníamos han dejado de tener vigor a día de hoy, desgraciadamente. Como las deducciones por alquiler, por hipoteca, y muchas otras deducciones tanto estatales como autonómicas de las cuales no podemos disfrutar.

Sin embargo, tenemos dos, que mucha gente desconoce, y que nos parece una pena que, teniendo derecho a ellas, no se utilicen por desconocimiento. Son dos, la deducción por ascendiente con minusvalía a cargo, y por cónyuge con minusvalía a cargo. Voy a explicarlas conjuntamente, ya que tienen la misma esencia y la misma regulación. Vamos allá.

– Deducción por cónyuge con minusvalía a cargo.

Es un derecho que tiene el cónyuge de un discapacitado por tenerlo a su cargo. Esta deducción puede solicitarse por anticipado, o al realizar la declaración de la renta. En este caso, la deducción no tendrá un importe superior a 100 euros al mes (1.200’00 € al año). Y para obtenerla, es necesario que se cumplan varios requisitos:

1.- Que exista un vínculo matrimonial. Quedan excluidas las parejas de hecho, separadas o divorciadas.

2.- La persona que presenta la solicitud en la Declaración de la Renta, debe estar cotizando a la Seguridad Social, ser pensionista o recibir un subsidio por desempleo.

3.- El cónyuge del solicitante debe tener reconocido el grado de discapacidad igual o superior al 33% y no percibir más de 8.000 € netos / anuales.

4.- Que el cónyuge del solicitante no se beneficie, a su vez, de ninguna de las ayudas por discapacidad por tener ascendientes o descendientes discapacitados o dependientes a su cargo.

Para solicitar la deducción por cónyuge discapacitado el contribuyente debe cumplimentar las casillas correspondientes al realizar su Declaración de la Renta.

El primer paso es seleccionar el hipervínculo titulado “Deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad”. Este enlace está situado en el epígrafe “Cuota diferencial”, junto con otras deducciones por discapacidad, la deducción por maternidad o la deducción por familia numerosa.

El importe diferencial máximo será de 500 euros y al realizar la solicitud deberá cumplimentarse otra información sobre cotizaciones del cónyuge, además de la fecha del matrimonio, la fecha de la obtención del Certificado de Discapacidad, si el cónyuge está o no obligado a realizar la Declaración de la Renta o si se ha obtenido algún abono anticipado de esta deducción.

Si ya hemos solicitado este incentivo con anterioridad (en 2018 y 2019), en la siguiente Declaración de la Renta los datos asociados a esta deducción aparecerán automáticamente.

Pero, si hemos percibido la deducción de manera anticipada, la situación se regularizará automáticamente al cumplimentar los datos correspondientes a esta ayuda.

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– Deducción por ascendiente con minusvalía a cargo.

Tendrán derecho a percibir una deducción de hasta 1.200 euros anuales, por cada ascendiente con discapacidad con derecho a la aplicación de los mínimos por ascendiente y por discapacidad de ese ascendiente.

Los contribuyentes tendrán derecho a percibir la deducción de forma proporcional al número de meses en que concurran de forma simultánea la situación de discapacidad y la realización de una actividad por cuenta propia o ajena por la cual se esté dado de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o Mutualidad alternativa, o bien, la percepción de prestaciones contributivas o asistenciales del sistema de protección del desempleo, o pensiones abonadas por la seguridad Social, Clases Pasivas o por Mutualidades de Previsión Social alternativas.

Los importes se prorratearán en función del número de meses en que se cumplan los requisitos.

La determinación del cómputo del número de meses para el cálculo de la deducción se tendrá en consideración la situación de discapacidad el último día de cada mes.

Para el colectivo de contribuyentes que realizan una actividad por cuenta propia o ajena con cotizaciones (Colectivo 1), el límite de la deducción será, por cada una de las deducciones (descendientes, ascendientes, familia numerosa, ascendiente con dos hijos) la cuantía de dichas cotizaciones, sin tener en consideración las bonificaciones que pudieran corresponder.

Para el colectivo que perciba prestaciones del sistema de protección del desempleo o ser pensionista (Colectivo 2), no existirá esta limitación, teniendo derecho a la aplicación de la deducción cada mes en el que, al menos, coincida la situación de discapacidad y la percepción de cualesquiera clase de prestación.

Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de la deducción de un mismo ascendiente su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales. Pudiéndose ceder el derecho a la percepción de la deducción.

Cesión del derecho a la percepción de la deducción

Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de la deducción y se cede el derecho a uno de ellos, el importe no se prorrateará, sino que se aplicará íntegramente por el contribuyente en cuyo favor se hubiera cedido la deducción.

Para el cómputo de la deducción:

Se tendrá derecho a la deducción los meses en que cualquiera de los contribuyentes que tuvieran derecho cumpla los requisitos previstos.

Para el Colectivo 1 se tendrán en cuenta de forma conjunta las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y Mutualidades correspondientes a todos los contribuyentes que tuvieran derecho a la deducción.

Para el Colectivo 2 no se tendrá en cuenta ningún límite.

Los importes que, en su caso, se hubieran percibido anticipadamente, se considerarán obtenidos por el contribuyente en cuyo favor se hubiera cedido la deducción.

Cuando se hubiera optado por la percepción anticipada de la deducción presentando una solicitud colectiva, se entenderá cedido el derecho a la deducción a favor del primer solicitante.

En los restantes casos se entenderá cedido el derecho a la deducción a favor del contribuyente que aplique la deducción en su declaración, debiendo constar esta circunstancia en la declaración de todos los contribuyentes que tuvieran derecho a la deducción.

Compatibilidad

Esta deducción es compatible con la deducción por maternidad y con la deducción por familia numerosa.

Esta deducción minorará la cuota diferencial del impuesto. Por tanto, si su declaración resulta a devolver incrementará el importe de la devolución y si el resultado de la declaración es positivo minorará el importe a pagar.

Espero que esta información os haya servido de ayuda, y que la tengáis en cuenta para la realización de la declaración de la renta. Por lo demás, os veo dentro de quince días. Usad la mascarilla, distancia de seguridad, y tened cuidado y responsabilidad.

Besos a todos!

María.

AUTÓNOMAS Y ABOGADAS. LA UTOPÍA DE NUESTRA CONCILIACIÓN.

Hola de nuevo a todos.

Vaya por delante que no soy muy quejica que digamos, pero me parecía interesante escribir aquí ciertos obstáculos que últimamente nos hemos encontrado tanto mi compañera de despacho como yo.

Recientemente hemos sufrido/disfrutado los inconvenientes de embarazos y puerperios (os escribo conectada al sacaleches para preparar la comida de mañana de mi bebé). El caso es que si bien las autónomas tenemos ciertas ventajas vitales, está claro que la conciliación no es una de ellas, y siendo abogadas, al contrario de lo que podría pensarse, la cosa se complica bastante. Además a ello debemos unir la situación actual del país (el papá de la criatura está en ERTE y estuvimos bastante más tiempo del deseable para tramitar el cambio a baja por paternidad y obtener el cobro).

Es cierto que dentro de mi despacho, la gran mayoría de clientes han entendido la situación cuando hemos tenido que suspender o posponer algo, entendiendo que se ha hecho única y exclusivamente cuando ninguna de las letradas podía acudir por tener otros señalamientos o por otros motivos de peso. Pero no todos han sido así. Recuerdo perfectamente a un cliente del turno que teniendo pendiente un proceso por importe de 600 euros, y sin tener siquiera vista señalada (es decir que no se le iba a suspender ni a retrasar nada), acudió fervientemente al colegio a pedir que le designaran otro letrado porque la suya estaba embarazada. Cuando pregunté qué había pasado me dijo que no iba a consentir que porque yo estuviera embarazada se fuera a parar el mundo. Repito que no había necesidad de pararle nada porque su procedimiento recién se había iniciado.

Cierto también que la mayoría de los Juzgados han entendido si hemos tenido que cambiar alguna fecha. Pero no todos han sido así. Cierta secretaria judicial de Cádiz (de cuyo nombre no quiero acordarme) a la que le pedí suspensión por ciertas patologías que hacían poco recomendable que me relacionara con no convivientes habida cuenta de la pandemia y el embarazo en su recta final (parí días después), me dijo que buscara un sustituto. Señora, entienda usted que estoy de baja médica (que no llegué a cobrar nunca) y que no estoy yo como para ponerme a pagar sustituciones a lo loco, además del hecho de que no tengo obligación legal de hacerlo. Le aporté documentación médica y le indiqué que el cliente estaba conforme con suspender y que no quería a otro abogado. La llamé para hablar con ella y me colgó el teléfono, para no volvérmelo a coger jamás. De manera que me vi obligada a hablar directamente con su señoría, que tuvo la delicadeza de pedirme primero que nada disculpas por lo que me estaba sucediendo y por tal falta de empatía, y me aseguró que recurriera la decisión de la secretaria para poder arreglarlo.

Cierto también que los compañeros que nos hemos encontrado como contrarios han sido amables hasta decir basta. Pero no todos. A una compañera del despacho, ingresada en el hospital por un tema médico gravísimo, un compañero quiso negarle una suspensión alegando que podía venir otro compañero, a pesar de que le aportamos documentación de señalamientos coincidentes y de que no teníamos más personal. El asunto se solventó por su señoría, pero el disgusto fue tremendo.

Y aquí me hallo, con un retraso de 3 meses para cobrar mi maternidad (por fin llegó pero se hizo de rogar), intentando cuadrar mi vuelta a los ruedos con la agenda en una mano y el sacaleches en la otra y pensando cuántas miles de autónomas se ven en la obligación de renunciar a sus pequeñas empresas, hastiadas hasta decir basta de este sistema que no entiende, que no comprende, que no comparte, y que no busca ni ofrece soluciones a la maternidad/paternidad, porque al final es un problema que sufrimos todos los géneros. Los autónomos no tenemos reducciones de jornada, la mayoría de las veces ni tan siquiera tenemos un horario establecido, por más que lo intentemos, y acabamos atendiendo al teléfono un domingo por la mañana, o recordando a un cliente que esa dudita tan urgente que le ha surgido un jueves santo puede y debe esperar hasta el lunes, porque no se está quemando nadie.

No quiero decir con todo esto que vivamos mejor o peor que las trabajadoras por cuenta ajena (yo libremente he decidido que mi camino es este y tiene ventajas que desde luego no cambio por nada). Y por supuesto vivo siempre agradecida del trabajo y del movimiento en mi empresa, que es lo que da de comer a mis hijos.

Pero me parece importante hacer un llamamiento, desde mi humilde alcance a la necesidad de sororidad en la sociedad, todos somos madres/padres, hijos, hermanos, y personas. Y todos tenemos o venimos a tener los mismos problemas e inconvenientes tarde o temprano, razón por la cual me parece importante que, antes de tratar esta problemática de manera cerrada y tajante, seamos capaces de pararnos, respirar, y no contribuir a este tipo de situaciones, sino ser parte de la solución, ya no por mí, sino por todos los padres y madres de este país.

Nos vemos en la próxima.

H

Administraciones Públicas y sus cuestiones inexplicables

Buenos días a todos compañeros@. La verdad que os escribo siempre muy seria pero es por una situación especial que terminará la próxima semana. Después de esos días prometo que no sólo estéis informados sino sacaros una sonrisa cuando veáis nuestro blog.

Un poco cansada está semana de algunos problemas con la página de la Seguridad Social. Porque supongo que por la necesidad de muchas familias todos hemos estado intentando mandar la ayuda del mínimo vital. 

Aunque desde MyH Abogados y Asesores, nos comprometemos con todas las personas que se le haga difícil solicitarla, nosotras se las podemos presentar si nos traen la documentación que se le requiere.

A todas las personas que hayan presentado su declaración modelo 100 y tengan algún problema con ella, no dude en ponerse en contacto con MYH ya que somos especialistas en Tributario.

Para cualquier aclaración o duda sobre recursos que se formulan ante la Administación estaremos encantadas de atenderles.

Esta semana nos llegaron varias incapacidades de las cuales tendrán resultado positivo. Ya que yo me asombró mucho cuando me explican que tienen la espalda con placas y rodillas con clavos y esa persona tiene una edad que pasa de los 60 y todavía no tienen grado de invalidez porque alguien dice que es apta para trabajar. Tendría un mal día el Funcionario.
De todas formas no es lo que pretendo ir en contra de las Administraciones quiero también comentaros que hay ayudas a las cuales nos podemos acoger bien estemos desempleados, seamos Autónomos y Empresas.

Os dejo un enlace de la Junta de Andalucía donde se detallan estas ayudas.
NO dudéis en poneros en contando con nosotras para cualquier aclaración.
Os deseo una semana llena de motivaciones que en definitiva es lo que necesitamos mucha salud y mucho trabajo. 

Y tened en cuenta que el país lo movemos los trabajadores y emprendedores. 

Un cordial saludo.

Ana Sánchez

Asesora de Empresas de MYH.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/524/

La comparecencia del 503. Cuestiones a Analizar

Buenas a todos, como cada semana os ofrecemos una publicación sobre aspectos legales que pueden ser de vuestro interés. Esta semana, como llevo tiempo sin escribir de Derecho Penal, os ofrezco un momento en fase de instrucción que cualquier abogado defensor teme más que a una vara verde: la comparecencia del Artículo 503 de la LECRim. O comúnmente conocida como la comparecencia de prisión provisional. Analizaremos, de forma exhaustiva, los requisitos para que concurran, y que hacer cuando tenemos que oponernos a ella. Tomare como base la legislación vigente, que viene bastante reflejado y claramente lo que pretendo analizar.

Artículos 502 a 519 de la LECRim

(Especial atención a los requisitos del artículo 503 de la LECRim)

La prisión provisional responde a la necesidad de evitar ciertos riesgos relevantes para el proceso y, en su caso, para la ejecución del fallo, a saber: su sustracción a la acción de la Justicia, la obstrucción de la instrucción penal (riesgo de destrucción de pruebas) y la reiteración delictiva.

El artículo 502.2 de la LECRim establece que ” la prisión provisional solo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional “. El apartado 3º del citado artículo 502 señala que “el Juez o Tribunal tendrá en cuenta para adoptar la prisión provisional la repercusión que esta medida pueda tener en el imputado, considerando sus circunstancias y las del hecho objeto de las actuaciones, así como la entidad de la pena que pudiera ser impuesta “.

Por su parte, el artículo 503 preceptúa lo siguiente:

” 1. La prisión provisional sólo podrá ser decretada cuando concurran los siguientes requisitos:

1º Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el imputado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso.

2.º Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión.

3.º Que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines:

a) Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga.

Para valorar la existencia de este peligro se atenderá conjuntamente a la naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiera imponerse al imputado, a la situación familiar, laboral y económica de éste, así como a la inminencia de la celebración del juicio oral, en particular en aquellos supuestos en los que procede incoar el procedimiento para el enjuiciamiento rápido regulado en el título III del libro IV de esta ley.

Procederá acordar por esta causa la prisión provisional de la persona imputada cuando, a la vista de los antecedentes que resulten de las actuaciones, hubieran sido dictadas al menos dos requisitorias para su llamamiento y busca por cualquier órgano judicial en los dos años anteriores. En estos supuestos no será aplicable el límite que respecto de la pena establece el ordinal 1.º de este apartado.

b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto.

No procederá acordar la prisión provisional por esta causa cuando pretenda inferirse dicho peligro únicamente del ejercicio del derecho de defensa o de falta de colaboración del imputado en el curso de la investigación.

Para valorar la existencia de este peligro se atenderá a la capacidad del imputado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba o para influir sobre otros imputados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo.

c) Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal. En estos casos no será aplicable el límite que respecto de la pena establece el ordinal 1.º de este apartado.

También podrá acordarse la prisión provisional, concurriendo los requisitos establecidos en los ordinales 1.º y 2.º del apartado anterior, para evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos.

Para valorar la existencia de este riesgo se atenderá a las circunstancias del hecho, así como a la gravedad de los delitos que se pudieran cometer.

Sólo podrá acordarse la prisión provisional por esta causa cuando el hecho delictivo imputado sea doloso. No obstante, el límite previsto en el ordinal 1.º del apartado anterior no será aplicable cuando de los antecedentes del imputado y demás datos o circunstancias que aporte la Policía Judicial o resulten de las actuaciones, pueda racionalmente inferirse que el imputado viene actuando concertadamente con otra u otras personas de forma organizada para la comisión de hechos delictivos o realiza sus actividades delictivas con habitualidad.

Es decir, después de toda esta parrafada es más coloquialmente dicho, que cuando la naturaleza del delito investigado, reviste riesgos de fuga, de destrucción de pruebas o que resulte un peligro para la víctima o el propio cuerpo del delito, se contempla directamente que el investigado entre en prisión provisional por los motivos tasados en la ley en aras de prevención.

Por algo es, que se le llama prisión preventiva, para asegurar que no se fugue, ni que se destruyan pruebas de ningún tipo.

Esto solo puede solicitarse si la pena del delito es superior a dos años de prisión, y el investigado revista indicios de peligrosidad, y que no concurran las características del delito en su modalidad imprudente, es decir, tiene que haber voluntad y conocimiento en cometer el delito.

Aspectos si prevemos que se va a solicitar prisión provisional para nuestro cliente

Partiendo del análisis anterior, recomiendo tener en cuenta lo siguiente:

El juez instructor nos va a dar la palabra para alegar en oposición a la medida interesada por el Ministerio Fiscal. Centrémonos en rebatir los requisitos del artículo 503 de la Ley Procesal Penal:

– Arraigo en nuestro país.

– Hijos a su cargo.

– Trabajo remunerado.

– Vivienda alquilada o en propiedad.

– No hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, ya que estamos ante unos hechos que van a traer aparejada una instrucción sencilla.

– Finalicemos solicitando la adopción de medidas personales menos gravosas y restrictivas de derechos para nuestro defendido, tales como fianza, retirada del pasaporte y comparecencias semanales o quincenales, a elección de Su Señoría. Siempre enfocado a medidas menos restrictivas.

Espero que os haya parecido instructivo e interesante, no olvidéis compartir en vuestras redes sociales.

Un abrazo a todos!!

OJITO CON EL FINIQUITO.

Buenos días y buena semana a todos. Retomamos nuestro blog como cada lunes, recogiendo el testigo que la semana pasada nos dejara Ana Sánchez.

 

Soy de las que lee la prensa digital con el café de cada mañana. Hay que estar al día de lo que ocurre en el mundo, aunque ver el telediario me corta el desayuno en el estómago, y sólo compro prensa en papel cuando regalan algo con la misma; así que mi remedio es coger mi tablet a primera hora de la mañana, y usarla como una ventana al mundo. Pues bien, la semana pasada llamaba mi atención una noticia de Eldiario.es acerca de un trabajador que, tras mucho batallar, finalmente se quedó con un finiquito inferior al que le correspondía, por firmar lo que no debía, o hacerlo sin la suficiente información al respecto. Pensé que era una noticia de rabiosa actualidad, y que era necesario analizarla en profundidad porque, o mucho me equivoco, o a todos estos Ertes los van a seguir un buen montón de despidos (ojo que me gustaría no llevar la razón).

Pues bien, empezaremos definiendo el finiquito como tal. Cuando una relación laboral acaba, por el motivo que sea, la empresa procede a elaborar un documento de liquidación del trabajador, donde, por decirlo lo más resumidamente posible, le indica si se le debe algún concepto (no siempre tiene que debérsele algo), y en su caso, le ofrece la cuenta desglosada de las diferentes cantidades. Tendemos a pensar que el finiquito está relacionado con la indemnización por despido, pero no tiene por qué ser así. Es decir, si ha existido despido, por la causa que sea, la empresa introducirá en el finiquito la indemnización que crea que nos corresponde. Pero no si no ha existido despido, bien porque el trabajador no era indefinido, o bien porque la decisión extintiva no ha sido de la empresa, sino del trabajador, igualmente nos ofrecerán este documento. En este caso, no habrá indemnización por despido, pero puede haber otros conceptos (como por ejemplo las vacaciones que no se hayan disfrutado).

 

Pues bien, a veces el trabajador tiene la precaución de informarse antes de firmar dicho documento, pero otras veces se confía demasiado en la persona que le expone el mismo, o se ve presionado a firmar (no son pocas las veces que nos llega al despacho un trabajador que nos dice que ha firmado antes de venir porque si no la empresa no le pagaba un duro, y necesitaba el dinero que le ponían por delante). Y entonces… vemos el mundo caerse delante de nuestros ojos. Porque esa firma, va a traernos más de un quebradero de cabeza.

 

Algo parecido le ocurrió al trabajador de la noticia que leía, al que le ofrecieron el finiquito, y a la misma vez, le introdujeron en el mismo, las siguientes expresiones:

• “suscribo mi conformidad con el acuerdo de 29 de abril de 2016.”
• “acepto igualmente las bases de cálculo, cuantía de la indemnización, así como los conceptos y cuantías de la liquidación de haberes, quedan exceptuados únicamente los errores de carácter aritmético de esta.”
• “me declaro totalmente indemnizado, saldado y finiquitado a todos los efectos, en relación con cualquier concepto, fijo o variable, al que pudiera tener derecho como consecuencia de la relación laboral mantenida y su extinción.”

 

Y después de firmar, sucede que el trabajador comprueba que le corresponde una indemnización mucho mayor y, por tanto, decide llevar el asunto a los Tribunales. Y pierde las dos primeras de las veces, dado que tanto el Tribunal de primera Instancia como el TSJ de Valencia, entienden que la mencionada firma del trabajador, tiene carácter liberador para la empresa. Es decir, que efectivamente, se quedaba con lo recibido, y perdía todo lo demás, y aquí paz y después gloria.

 

La dirección letrada del trabajador, conocedora de que el Tribunal Supremo no tiene la misma idea sobre la liberación que la firma supone para la empresa, decide llevar a nuestro alto tribunal el asunto. Pero a pesar de esto, tampoco el Supremo le ha dado la razón al trabajador, y ello, por una cuestión meramente procesal.

 

No entra el Supremo en el fondo del asunto, sino que simplemente entiende que no se ha ofrecido una sentencia de contraste lo suficientemente parecida. Es decir, en este tipo de casos, cuando acudimos al Tribunal Supremo, debemos añadir la sentencia que recurrimos (la nuestra) y otra (sea del Supremo o de algún TSJ) en la que, con los mismos hechos, el sentido de la sentencia fuera distinto. De esta manera, el Supremo decide si en ese tipo de casos, la solución puede ser una u otra, unificando la doctrina, y sentando precedentes para el resto de Juzgados y Tribunales.

 

Lo que ha sucedido en esta ocasión es que el Alto Tribunal entiende que es muy complicado encontrar en este tipo de asuntos una sentencia de contraste lo suficientemente parecida, así que, al no haber identidad suficiente entre los casos, no tiene nada que examinar. Es cierto que la Sentencia tiene 4 votos particulares, que entienden que sí podía entrarse al fondo del asunto, y debía darse al trabajador la diferencia perdida. Pero la democracia, hizo que 4 votos no fueran suficientes y, por tanto, el recurso se haya perdido, dado que la mayor parte de los magistrados entienden que las circunstancias que rodean a las firmas de cada finiquito son tan distintas, que es imposible prácticamente encontrar sentencias de contradicción.

 

Es por ello que me llamó la atención la noticia porque, de haberse tomado algo de tiempo para informarse sobre aquello que firmaba, no se hubiera visto en esa tesitura. ¿Qué recomendamos nosotros? Si no tienes tiempo, dinero o lo que sea (a veces cualquier excusa es buena) para acudir a un despacho profesional a que te analicen lo que vas a firmar… siempre nos quedará la panacea de firmar, usando la coletilla de NO CONFORME. De esta manera, el trabajador recibe lo que la empresa le pone sobre la mesa, pero no pierde su derecho de reclamar aquello que le corresponde ante los Tribunales, con más garantías de éxito que en el caso que nos ocupa.

 

 

Esperamos que el caso os parezca tan útil como me lo pareció a mí, y que disfrutéis de nuestra entrada semanal. Me despido unas semanitas, dando paso a mis compañeras.

 

Hasta la próxima.

 

H.

LOS ERTES POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Buenas a todos. Como siempre, y con gran ilusión, procedo a hablaros de una situación que nos está afectando a muchos de los españoles, la situación de los ERTES para los trabajadores que han visto suspendida su relación laboral durante toda esta situación del COVID-19.

El estado de Alarma ha paralizado la economía de España, y a puesto en peligro muchos puestos de trabajo.

Precisamente para evitar peores consecuencias en el empleo el Gobierno ha flexibilizado los mecanismos de ajustes de actividad para evitar despidos de empresas mientras dure la emergencia sanitaria.

Lo peor de todo es que nos damos cuenta de que en ciertos sectores no esta sucediendo esto, y la alarma social es muy evidente.

Desde MyH Abogados os podemos informar que tenemos todo el asesoramiento para que vuestra empresa sea del sector que sea podamos dar un impulso a través de varias ayudas que se pueden solicitar.

Y tambien asesorar de los aplazamientos con Organismos Oficiales que podemos gestionar.

Al igual informaros de las ayudas que se presentan a partir del dia 15 que es el ingreso mínimo vital y que se debe solicitar a través de la sede electrónica de la seguridad Social

Para cualquier aclaración y poderos ayudar me podeís llamar al telefono 744.602.217, que cualquier duda os la puedo solventar por teléfono o bien en nuestros despachos.

Lo ideal para el empresario es reinventarse al mínimo coste y aprovechando las ayudas estatales.

Estamos a vuestra diposisción para cualquier tema.

También avisaros que el día 30 de junio es el último día para la presentación de la Renta y que si necesitarais aclarar o que os hagamos la declaración no dudeís en llamarme.

Un cordial saludo

Ana Sánchez

Responsable Departamento de Empresas.

La Comisión por posiciones deudoras: la espada de Damocles del Pobre

Buenos días a todos.

Esta semana continuamos con un tema de nuestra especialidad en el Despacho. Como bien sabéis, nuestro equipo, es especialista en Derecho Bancario, y como bien habéis podido leer en nuestra batería de posts anteriores, hemos publicado sobre asuntos como las cláusulas suelo, el IRPH, las tarjetas “revolving”, y ahora toca otro asunto que me vienen muchos clientes a preguntar si procede reclamar, o si le ampara algún tipo de derecho: la comisión por posiciones deudoras vencidas.

¿Qué es la comisión por posiciones deudoras vencidas?

Dependiendo de la entidad bancaria, normalmente, cuando te pasan el recibo de la hipoteca, préstamo personal, tarjetas, etc., siempre tenemos unos días para poder ingresar el dinero en cuenta sin que haya ningún tipo de penalización. Normalmente son cinco días. Sin embargo, como bien puede pasar a cualquiera, siempre podemos cobrar un poco más tarde, o puede incluso que nos retrasemos por un gasto imprevisto y tardemos más de cinco días en ingresar el dinero.

Una vez pasan esos cinco días, la entidad bancaria procede a imponernos dos cargos en cuenta: la cuota del préstamo que corresponda, y un cargo aparte con el concepto de “comisión por posiciones deudoras vencidas”. Una persona que tenga el cargo de su hipoteca el día 28, y no cobre hasta el día 5 del mes siguiente, siempre tendrá esta comisión cargada en su cuenta mes a mes. El importe medio de este tipo de comisiones es de unos 35 euros por recibo. 

Esta comisión encuentra su origen en la penalización al deudor que se retrasa en el pago de la hipoteca o del préstamo financiero, por “reclamación de la posición deudora”. Esto, amigos míos, es totalmente absurdo, además de ilegal. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, la reclamación de aviso de posición deudora ya es que ni siquiera se hace por carta certificada, sino que suele hacerse por un email, por lo que no genera gastos en absoluto. Además, el tiempo de descubierto en la cuenta corriente es tan pequeño (generalmente hasta que el deudor cobra su nómina). 

Dicha comisión alcanzaría los requisitos de legalidad para ser válida si el deudor no ha satisfecho el descubierto antes de que el banco realice reclamación fehaciente. Pero generalmente el banco ni siquiera se espera a realizar la reclamación para cobrar la comisión.

Si esto ocurre, lo que debemos hacer es reclamarla ante la Oficina de Atención al Cliente de nuestro banco.

¿Por qué se entiende abusiva esta comisión?

Esta profesional que os escribe considera abusiva esta comisión por posiciones deudores vencidas por dos razones de peso:

La primera, es por lo que ya os he expuesto: porque básicamente el banco carga la comisión y realmente no llega a tener que reclamar el pago al deudor, porque el tiempo de descubierto es tan corto que la reclamación no llega a producirse. Es decir, el banco carga la comisión sin hacer la reclamación, y luego no la devuelve porque no es un servicio realmente realizado ni un gasto generado. 

La segunda, es porque se considera una doble penalización al deudor. Porque como todos sabemos, el impago de un recibo de un préstamo financiero, genera intereses de demora que son reclamables al deudor (si luego resulta que el tipo de interés de demora es abusivo, es harina de otro costal del cual hablaremos en el siguiente post). Imponer esta comisión al deudor sin que la reclamación formal se haya hecho, se está penalizando por segunda vez al consumidor por no pagar el recibo. 

¿Cómo se reclama esta comisión?

Si nos cobran una comisión por reclamación de posiciones deudoras antes de tiempo hay que ir cuanto antes a la oficina y solicitar que nos la quiten.

Lo normal es que la quiten sin problema ya que no podrán justificar el gasto en el que el banco ha incurrido por la reclamación.

El banco la cobra y se quedará con el dinero de toda la gente que no reclame por desconocimiento, por vergüenza o por cualquier otro motivo. Hay que reclamar siempre.

Ejemplo claros podemos encontrar por todas partes, si somos de los afortunados que nunca nos ha pasado si preguntamos a familiares o amigos seguro que encontramos algún caso.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1º— La cuenta entra en descubierto aunque sea por una pequeña cantidad de 20 euros debido a un recibo o comisión bancaria.

2º— De manera automática el banco carga una comisión por reclamación de posiciones deudoras de media de 35 euros, a esa comisión hay que sumarle otra comisión en concepto por descubierto, que suele ser de un porcentaje sobre la mayor posición deudora pero esa comisión tiene un mínimo de unos 14 euros aproximadamente. Y por último hay que sumar los intereses de demora. Así que simplemente por entrar en descubierto nos cobran 35 euros por un lado y 15 por otro, en total 50 euros. Además de esto, como la penalización principal, hay que añadir los intereses de demora.

3º— En cuanto nos damos cuenta del descubierto ingresamos, vamos al banco y descubrimos con sorpresa que el descubierto que tenemos de 70 euros, en un solo día, o como mucho en dos. Materialmente no ha dado tiempo a que el banco proceda a la reclamación de la cantidad del recibo impagado, por lo que entendemos que ha cobrado ese dinero, “por la cara”.

El Banco de España permite esas comisiones pero exige al banco que Realmente haya hecho gestiones para cobrar la deuda y que el descubierto sea culpa del cliente.

Viendo las cantidades que se cobran en muchos bancos por estos pequeños descubiertos hay que procurar en primer lugar evitarlos.

¿Cuánto cobran las entidades bancarias por este tipo de comisiones?

Banco Santander: 39 euros

Banesto: 39 euros

Sabadell: 35 euros

Bankia: 35 euros

Caixa Bank: 35 euros

Catalunya Caixa: 35 euros

Citi Bank: 35 euros

Ibercaja: 35 euros

Liberbank: 35 euros

Unicaja: 35 euros

Banco Pastor: 34 euros

Banco Popular: 34 euros

Bankinter: 30 euros

BBVA: 30 euros

ING Direct: 25 euros

Espero que os haya resultado ilustrativo, si necesitáis o estáis afectados por este tipo de cláusulas, no dudes en ponerte en contacto con nosotras para lo que necesitéis.

¡Hasta la próxima!

NO CONSUMIDORES Y CLÁUSULAS SUELO. RECLAMA YA TU DINERO.

Buenas a todos, de nuevo.

Esta semana, queremos empezarla abordando un tema de especial novedad e importancia, como es la posibilidad de reclamar lo pagado de más en las cláusulas suelo para aquellos que no tienen la condición de consumidores.

Hasta ahora, los únicos que tenían garantía de éxito en los Tribunales, eran aquellos que realizaban un contrato de préstamo hipotecario con una entidad bancaria para adquirir su vivienda habitual, y además, lo hacían con una condición de consumidores. Es decir, que lo hacían de manera absolutamente ajena a su actividad profesional, y además, en muchos casos, se exigía también que su profesión no estuviera relacionada en absoluto con el tema bancario (aunque en este despacho hemos obtenido sentencias estimando totalmente nuestras demandas incluso para quienes habían sido empleados de banca).

Pero no siempre que alguien constituye una hipoteca sobre un bien inmueble lo hace para comprarse una casa; pensemos por ejemplo en alguien que quiera abrir un negocio, o reformarlo, o simplemente necesite financiación para saldar ciertas deudas, y no tenga ingresos suficientes ni más bienes para avalar esa petición de dinero que su vivienda. Y sin embargo, aunque estos préstamos estaban minados igualmente de cláusulas abusivas, los Juzgados y Tribunales no terminaban de ponerse de acuerdo sobre qué debía hacerse con estos ciudadanos, por lo que dependía de en qué territorio, o incluso, de en qué Juzgado dentro del mismo territorio te cayera el caso.

Sin embargo, todo esto ha cambiado, y de qué manera con la Sentencia del Tribunal Supremo 812/2020, que se ha publicado recientemente. En este caso, como decimos, nos encontramos con una persona que hipotecó su vivienda para invertir el dinero en adquirir una licencia municipal de auto-taxi de Madrid. Es decir, que como realizó el contrato en una operación relacionada con su actividad profesional de taxista, no era considerado consumidor y, por tanto, no estaba protegido, a pesar de que la suelo era absolutamente desorbitada (era de un 6.50% cuando normalmente están sobre el 3.5%).

La demanda se gana en primera instancia por este ciudadano, y la entidad bancaria recurre, perdiendo también ante la Audiencia Provincial. No teniendo bastante con ello, deciden llevarlo al Tribunal Supremo, que recientemente, volvía a dar un tirón de orejas a las entidades bancarias, abriendo la puerta a numerosas futuras reclamaciones.

En este caso, admite íntegramente el razonamiento tanto de la primera como de la segunda instancia, que inciden en que no se habían cumplido ciertas obligaciones administrativas (como la entrega del famoso FIPER), ni había advertido expresamente el notario de la existencia de la suelo, por lo que realmente no hubo posibilidad real de conocer que el préstamo tenía una cláusula que limitaba la variación de los intereses, impidiendo que bajaran del 6.5%.

Considera el Alto Tribunal que, aunque es jurisprudencia reiterada que en los contratos celebrados con no consumidores no puede realizarse el típico control de transparencia y abusividad, sí que puede y debe realizarse el control de incorporación. Control que la cláusula debatida no supera porque los prestatarios no tuvieron oportunidad real de conocer su inclusión en el contrato, ni por tanto, su mera existencia. Y este control de incorporación procede, nos recuerda el supremo, sea el justiciable consumidor o profesional, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5.5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación.

Y además, nos recuerda el Supremo que no se trata de una mera comprensión gramatical, sino que “debe tratarse de una cláusula con una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal y que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato. Es decir, junto al parámetro de la claridad y comprensibilidad, debe concurrir el requisito de la posibilidad de conocimiento, puesto que el control de inclusión es, fundamentalmente, un control de cognoscibilidad.”

Por tanto, esta sentencia abre la puerta a miles de reclamaciones que, hasta ahora, permanecían congeladas por temor a una posible condena en costas. Ahora podrán reclamar y conseguir, no sólo la devolución de las cantidades pagadas de más, sino también que la mencionada cláusula se elimine de su préstamo hipotecario y, por tanto, beneficiarse de las bajadas de los tipos de interés.

Si estás entre los afectad@s por una cláusula suelo, o cualquier otra abusiva, y nos has podido reclamar por no ser consumidor, no esperes más, y ponte en contacto con nosotros. Recuerda que tanto en la página principal como en cualquiera de los perfiles oficiales de nuestras redes sociales, podrás encontrar todos los datos para preguntarnos lo que quieras. ¡No dudes en reclamar, y recupera ya tu dinero!

Hasta la próxima entrada

H.

AYUDAS E INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN DEBIDO AL C.19

Muy buenos días.

Desde MyH Abogados les queremos informar que desde nuestro Departamento de Empresas, dada la situación que atraviesa la pequeña, mediana empresa y autónomos, queremos que cuenten con nuestro equipo, desde hoy mismo para la gestión e información de las Ayudas que pueden solicitar y la financiación que ya se está ofreciendo.

Ahora es el momento de estar informados y solicitar dichas ayudas.

Por ejemplo la Junta de Andalucía ha aprobado unas medidas urgentes para los autónomos y mutualistas que por persona son 300 euros. Para ello solo hay que presentar una solicitud online.

También existen los Préstamos ICO

Estos préstamos se getionán a través de entidades financieras.

Ahora mismo se pueden solicitar por falta de liquidez, para abonar sueldos, alquileres, pagos a proveedores, pago y vencimiento de obligaciones tributarias.

Plazo hasta 5 años con un año de carencia.

Garantía hasta el 80%.

Se pueden acoger a estas ayudas cualquier actividad empresarial menos compañías de seguros y empresas pertenecientes a los sectores financieros.

Hay distintas opciones para empresas de menos de 10 trabajadores como empresas de mas de 250 trabajadores.

Ahora mismo al menos tenemos que estar informados y no ir a pulmón con todo, ya que las ayudas las garantiza el Gobierno.

Para cualquier duda podéis llamarme al 744.602217 desde las 8 de la mañana a las 20.00 Horas.

Desde MyH Abogados os garantizamos toda la gestión e información para su empresa. Lo importante es luchar y seguir luchando que es a lo que estamos acostumbrados los Españoles.

Un cordial saludo.

Ana Sánchez.

Las tarjetas “revolving”. Una condena en vida.

Buenas a todos.

Estamos de vuelta. Esta semana os traigo un post muy interesante sobre las conocidas tarjetas “revolving”, unas tarjetas con un tipo de interés tan abusivo que podría incluso calificarse de usurario, una conducta despenalizada en nuestro sistema jurídico, aunque moralmente reprochable y reclamable a nivel civil.

Este tema me empezó a interesar hace unos meses, mucho antes de que el Supremo se pronunciase sobre este tipo de tarjetas. Una persona que empezó como clienta y acabó siendo amiga y seguidora de referencia de nuestro blog, vino al despacho a hacerme una pregunta cuando hubo todo el boom del IRPH y las cláusulas suelo. Le dije que me trajese toda la documentación que tuviese para hacerle un estudio. Ya había leído previamente comentarios en numerosos foros y grupos legales sobre este tipo de tarjetas. 

Una vez examinada su documentación y vi de que deuda se trataba, inmediatamente me di cuenta de que se trataba de una de este tipo de tarjetas revolving o revolventes y que soy emitidas por empresas como Cofidis, Alcampo, Carrefour Wizink, Cetelem y otras más que, cada vez más usuarios utilizan, motivados sólo por la posibilidad de contar fácilmente con un dinero determinado y que van a poder devolver después en cómodos plazos. En este caso era la tarjeta Carrefour.

Lo que ignoran estas personas es lo que hay detrás de esas tarjetas o de los préstamos que se conceden a través de ellas.

Se trata de un tipo de tarjetas que operan como una línea de crédito en la que, la entidad financiera pone a disposición del cliente un importe determinado de dinero, dinero que le va a permitir, por ejemplo, comprar en un establecimiento comercial un electrodoméstico u otro producto determinado. Siempre está disponible y bajo la apariencia del pago en cómodos plazos se encuentra una trampa más que consolidada que solo tiene como objetivo forrar de dinero a base de cobros indebidos por abusivos a la entidad emisora de la tarjeta. 

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¿Qué tipo de deuda se constituye con una tarjeta “revolving”?

Se trata en definitiva de unas tarjetas utilizadas para realizar pagos extraordinarios, derivados de situaciones en las que el cliente no dispone de liquidez inmediata para comprar esos productos. Imaginaos. Se nos estropea una lavadora y no tenemos los 320 euros que nos cuesta el poderla comprar. Nos vamos a Carrefour. Allí, encontramos un montón de cartelitos donde nos pone “paga y financia tus compras con tu tarjeta Pass”. Y allí que nos vamos, y nos sentimos satisfechos con la compra de nuestra lavadora que vamos a pagar, supuestamente, en cómodos plazos con el crédito de la tarjeta. 

Una vez efectuada la compra y cargada en cuenta la cantidad correspondiente, el cliente queda obligado a devolver el dinero o bien pagando un porcentaje determinado de ese importe, o mediante cuotas mensuales fijas convenidas cada mes. 

De lo que no se informa convenientemente al solicitar estas tarjetas, es de los intereses totalmente abusivos y usurarios que queda obligado a pagar. Y lo de la usura no lo dice una servidora deforma gratuita para manchar el nombre de estas entidades, de lo cual se nos acusa continuamente en los Juzgados a los letrados que firmamos las demandas, sino nuestro Tribunal Supremo y los Tribunales de Justicia, en sus reiteradas sentencias. El pasado 5 de marzo, obtuvimos la última sentencia, aplastante para estas entidades, donde se informa que este tipo de interés, además de ser abusivo, dependiendo de la emisora de la tarjeta, podría calificarse como usurario. Es una lástima que a día de hoy este tipo de conductas no puedan perseguirse en un Juzgado por una vía penal. Es una verdadera lástima, pero al menos podemos usar toda nuestra batería de legislación civil para pelearlo en los Tribunales de Instancia.

El usuario de estas tarjetas, probablemente acuciado por la necesidad de obtener un dinero fácil para comprar ciertas cosas, lo que no sabe es que va a caer en la gran trampa de esta operación financiera que proporciona la tarjeta revolving. 

El incauto cliente, de cuya ignorancia se aprovechan este tipo de entidades financieras, va a aceptar un enmarañado clausulado de condiciones contractuales, con una letra pequeña prácticamente ilegible, que lo que van a pretender, es ocultar el elevado interés que van a tener que pagar por ese préstamo y que va a ser de 2, 3 o 5 veces superior al del mercado. Generalmente supera el 20% además de las comisiones correspondientes.  Pero es que, además, para difuminar este alto tipo de interés, se va a dejar recogido el interés remuneratorio mensual, pero no así el anual que es como debería de ser.  Además de todo esto, entre lo que va a quedar obligado a pagar el pobre consumidor, está la comisión de apertura, los gastos de avales concedidos por entidades diferentes a las que concede el préstamo, las primas de seguro concertadas a favor de la entidad comercial, o la comisión de estudio. Todo esto que ha de sumarse al importe nominal del crédito, está por encima del 24% en la mayoría de las tarjetas. Ojo, un 24%, ¿os imagináis? Es terrorífico. Con este tipo de interés es que la deuda se empieza a eternizar haciendo que con el paso del tiempo amortice muy poco capital y que se lleve toda la vida pagando intereses y más intereses. Llega un momento en que el cliente ve que la deuda no acaba y se llega a asfixiar económicamente. En el sentido de que este tipo de tarjetas está diseñada para que, cuando tengas un mal mes, tengas que tirar de la tarjeta para cubrir los gastos, y al mes siguiente igual, y luego al otro, y al otro y al otro. Así eternamente.

¿Qué problemas surgen con la tarjeta “revolving”?

El problema que va a sufrir el cliente tras aceptar esto, es que va a entrar en un círculo vicioso del que no va a poder salir, ya que la deuda va a crecer con el tiempo, al no poder amortizarla y esta va a seguir generando intereses que, a lo largo del tiempo, pese a estar pagando religiosamente todas las cuotas convenidas, la deuda apenas va a reducirse o sencillamente no se va a reducir.

En ese círculo vicioso en el que el pobre cliente ha quedado metido, se va a encontrar con la más absoluta falta de transparencia, ya que tras llevar varios años pagando cuotas mensuales, no van a saber el tiempo que aun les falta para amortizar la deuda y pese a que materialmente sumando las cuotas mensuales pagadas, el crédito ha sido cancelado con creces, parece que la deuda va a seguir existiendo porque los fuertes intereses devengados la están haciendo crecer y crecer sin freno alguno.

Tanto es así que, al día de hoy, casi todos los Tribunales de España y el Propio Tribunal Supremo, ya se han pronunciado en el sentido de reconocer que se cumplen los requisitos necesarios para que considerar que estos créditos infringen la Ley de Represión de la Usura y que por tanto han de considerarse abusivos y por consiguiente nulos.

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¿Cómo puedes reclamar los intereses abusivos de tu tarjeta “revolving”?

Lo primero que tenéis que hacer es traernos a los letrados de vuestra confianza (o a quien queráis por supuesto), el contrato de vuestra tarjeta revolving, sea de la entidad que sea. Además de esto, una fotocopia de vuestro DNI y que nos firméis una carta de designación. 

Y diréis ¿qué es una carta de designación? Un documento donde firmáis que designáis al despacho profesional correspondiente de cara a la entidad financiera para tramitar extrajudicialmente la cuestión de la abusividad de la  tarjeta revolving. 

Una vez el despacho tenga esa documentación en su poder, procederá a presentar ante la entidad financiera una reclamación extrajudicial formal en la que solicitamos respetuosamente a la entidad financiera que deje sin ningún tipo de efecto el interés de demora abusivo y se proceda a recalcular la amortización del crédito con la correspondiente devolución de las cantidades cobradas de más.

Evidentemente, la entidad financiera ganará tiempo diciendo que no. Ante esto, procederemos a presentar la demanda ante el Juzgado especializado de cláusulas abusivas de la ciudad que corresponda. Este proceso, adelantamos, va a durar mucho tiempo debido al colapso que tiene el sistema de justicia español por falta de funcionarios y de jueces de refuerzo. Pero la idea que intentamos transmitir, es que este procedimiento va a seguir sus cauces legales correspondientes y que, merece la pena reclamarlo. 

Estamos a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir. Podéis remitir vuestra documentación a la dirección corporativa del despacho, mateosyhuelga.abogados@gmail.com

Por supuesto, el estudio del contrato de la tarjeta es completamente gratuito y, como siempre, este despacho profesional ofrece flexibilidad en la forma de pago de nuestros honorarios, como siempre hemos hecho.

No olvides compartir en tus redes sociales.

Un beso a todos. ¡¡Hasta la semana que viene!!