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Administraciones Públicas y sus cuestiones inexplicables

Buenos días a todos compañeros@. La verdad que os escribo siempre muy seria pero es por una situación especial que terminará la próxima semana. Después de esos días prometo que no sólo estéis informados sino sacaros una sonrisa cuando veáis nuestro blog.

Un poco cansada está semana de algunos problemas con la página de la Seguridad Social. Porque supongo que por la necesidad de muchas familias todos hemos estado intentando mandar la ayuda del mínimo vital. 


Aunque desde MyH Abogados y Asesores, nos comprometemos con todas las personas que se le haga difícil solicitarla, nosotras se las podemos presentar si nos traen la documentación que se le requiere.


A todas las personas que hayan presentado su declaración modelo 100 y tengan algún problema con ella, no dude en ponerse en contacto con MYH ya que somos especialistas en Tributario.


Para cualquier aclaración o duda sobre recursos que se formulan ante la Administación estaremos encantadas de atenderles.


Esta semana nos llegaron varias incapacidades de las cuales tendrán resultado positivo. Ya que yo me asombró mucho cuando me explican que tienen la espalda con placas y rodillas con clavos y esa persona tiene una edad que pasa de los 60 y todavía no tienen grado de invalidez porque alguien dice que es apta para trabajar. Tendría un mal día el Funcionario.
De todas formas no es lo que pretendo ir en contra de las Administraciones quiero también comentaros que hay ayudas a las cuales nos podemos acoger bien estemos desempleados, seamos Autónomos y Empresas.


Os dejo un enlace de la Junta de Andalucía donde se detallan estas ayudas.
NO dudéis en poneros en contando con nosotras para cualquier aclaración.
Os deseo una semana llena de motivaciones que en definitiva es lo que necesitamos mucha salud y mucho trabajo. 


Y tened en cuenta que el país lo movemos los trabajadores y emprendedores. 

Un cordial saludo.

Ana Sánchez

Asesora de Empresas de MYH.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/524/

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La comparecencia del 503. Cuestiones a Analizar

Buenas a todos, como cada semana os ofrecemos una publicación sobre aspectos legales que pueden ser de vuestro interés. Esta semana, como llevo tiempo sin escribir de Derecho Penal, os ofrezco un momento en fase de instrucción que cualquier abogado defensor teme más que a una vara verde: la comparecencia del Artículo 503 de la LECRim. O comúnmente conocida como la comparecencia de prisión provisional. Analizaremos, de forma exhaustiva, los requisitos para que concurran, y que hacer cuando tenemos que oponernos a ella. Tomare como base la legislación vigente, que viene bastante reflejado y claramente lo que pretendo analizar.

Artículos 502 a 519 de la LECRim

(Especial atención a los requisitos del artículo 503 de la LECRim)

La prisión provisional responde a la necesidad de evitar ciertos riesgos relevantes para el proceso y, en su caso, para la ejecución del fallo, a saber: su sustracción a la acción de la Justicia, la obstrucción de la instrucción penal (riesgo de destrucción de pruebas) y la reiteración delictiva.

El artículo 502.2 de la LECRim establece que ” la prisión provisional solo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes y cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional “. El apartado 3º del citado artículo 502 señala que “el Juez o Tribunal tendrá en cuenta para adoptar la prisión provisional la repercusión que esta medida pueda tener en el imputado, considerando sus circunstancias y las del hecho objeto de las actuaciones, así como la entidad de la pena que pudiera ser impuesta “.

Por su parte, el artículo 503 preceptúa lo siguiente:

” 1. La prisión provisional sólo podrá ser decretada cuando concurran los siguientes requisitos:

Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el imputado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso.

2.º Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión.

3.º Que mediante la prisión provisional se persiga alguno de los siguientes fines:

a) Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga.

Para valorar la existencia de este peligro se atenderá conjuntamente a la naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiera imponerse al imputado, a la situación familiar, laboral y económica de éste, así como a la inminencia de la celebración del juicio oral, en particular en aquellos supuestos en los que procede incoar el procedimiento para el enjuiciamiento rápido regulado en el título III del libro IV de esta ley.

Procederá acordar por esta causa la prisión provisional de la persona imputada cuando, a la vista de los antecedentes que resulten de las actuaciones, hubieran sido dictadas al menos dos requisitorias para su llamamiento y busca por cualquier órgano judicial en los dos años anteriores. En estos supuestos no será aplicable el límite que respecto de la pena establece el ordinal 1.º de este apartado.

b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto.

No procederá acordar la prisión provisional por esta causa cuando pretenda inferirse dicho peligro únicamente del ejercicio del derecho de defensa o de falta de colaboración del imputado en el curso de la investigación.

Para valorar la existencia de este peligro se atenderá a la capacidad del imputado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba o para influir sobre otros imputados, testigos o peritos o quienes pudieran serlo.

c) Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal. En estos casos no será aplicable el límite que respecto de la pena establece el ordinal 1.º de este apartado.

También podrá acordarse la prisión provisional, concurriendo los requisitos establecidos en los ordinales 1.º y 2.º del apartado anterior, para evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos.

Para valorar la existencia de este riesgo se atenderá a las circunstancias del hecho, así como a la gravedad de los delitos que se pudieran cometer.

Sólo podrá acordarse la prisión provisional por esta causa cuando el hecho delictivo imputado sea doloso. No obstante, el límite previsto en el ordinal 1.º del apartado anterior no será aplicable cuando de los antecedentes del imputado y demás datos o circunstancias que aporte la Policía Judicial o resulten de las actuaciones, pueda racionalmente inferirse que el imputado viene actuando concertadamente con otra u otras personas de forma organizada para la comisión de hechos delictivos o realiza sus actividades delictivas con habitualidad.

Es decir, después de toda esta parrafada es más coloquialmente dicho, que cuando la naturaleza del delito investigado, reviste riesgos de fuga, de destrucción de pruebas o que resulte un peligro para la víctima o el propio cuerpo del delito, se contempla directamente que el investigado entre en prisión provisional por los motivos tasados en la ley en aras de prevención.

Por algo es, que se le llama prisión preventiva, para asegurar que no se fugue, ni que se destruyan pruebas de ningún tipo.

Esto solo puede solicitarse si la pena del delito es superior a dos años de prisión, y el investigado revista indicios de peligrosidad, y que no concurran las características del delito en su modalidad imprudente, es decir, tiene que haber voluntad y conocimiento en cometer el delito.

Aspectos si prevemos que se va a solicitar prisión provisional para nuestro cliente

Partiendo del análisis anterior, recomiendo tener en cuenta lo siguiente:

El juez instructor nos va a dar la palabra para alegar en oposición a la medida interesada por el Ministerio Fiscal. Centrémonos en rebatir los requisitos del artículo 503 de la Ley Procesal Penal:

– Arraigo en nuestro país.

– Hijos a su cargo.

– Trabajo remunerado.

– Vivienda alquilada o en propiedad.

– No hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, ya que estamos ante unos hechos que van a traer aparejada una instrucción sencilla.

– Finalicemos solicitando la adopción de medidas personales menos gravosas y restrictivas de derechos para nuestro defendido, tales como fianza, retirada del pasaporte y comparecencias semanales o quincenales, a elección de Su Señoría. Siempre enfocado a medidas menos restrictivas.

Espero que os haya parecido instructivo e interesante, no olvidéis compartir en vuestras redes sociales.

Un abrazo a todos!!

Derecho del trabajo, Sin categoría

OJITO CON EL FINIQUITO.

Buenos días y buena semana a todos. Retomamos nuestro blog como cada lunes, recogiendo el testigo que la semana pasada nos dejara Ana Sánchez.

 

Soy de las que lee la prensa digital con el café de cada mañana. Hay que estar al día de lo que ocurre en el mundo, aunque ver el telediario me corta el desayuno en el estómago, y sólo compro prensa en papel cuando regalan algo con la misma; así que mi remedio es coger mi tablet a primera hora de la mañana, y usarla como una ventana al mundo. Pues bien, la semana pasada llamaba mi atención una noticia de Eldiario.es acerca de un trabajador que, tras mucho batallar, finalmente se quedó con un finiquito inferior al que le correspondía, por firmar lo que no debía, o hacerlo sin la suficiente información al respecto. Pensé que era una noticia de rabiosa actualidad, y que era necesario analizarla en profundidad porque, o mucho me equivoco, o a todos estos Ertes los van a seguir un buen montón de despidos (ojo que me gustaría no llevar la razón).

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Pues bien, empezaremos definiendo el finiquito como tal. Cuando una relación laboral acaba, por el motivo que sea, la empresa procede a elaborar un documento de liquidación del trabajador, donde, por decirlo lo más resumidamente posible, le indica si se le debe algún concepto (no siempre tiene que debérsele algo), y en su caso, le ofrece la cuenta desglosada de las diferentes cantidades. Tendemos a pensar que el finiquito está relacionado con la indemnización por despido, pero no tiene por qué ser así. Es decir, si ha existido despido, por la causa que sea, la empresa introducirá en el finiquito la indemnización que crea que nos corresponde. Pero no si no ha existido despido, bien porque el trabajador no era indefinido, o bien porque la decisión extintiva no ha sido de la empresa, sino del trabajador, igualmente nos ofrecerán este documento. En este caso, no habrá indemnización por despido, pero puede haber otros conceptos (como por ejemplo las vacaciones que no se hayan disfrutado).

 

Pues bien, a veces el trabajador tiene la precaución de informarse antes de firmar dicho documento, pero otras veces se confía demasiado en la persona que le expone el mismo, o se ve presionado a firmar (no son pocas las veces que nos llega al despacho un trabajador que nos dice que ha firmado antes de venir porque si no la empresa no le pagaba un duro, y necesitaba el dinero que le ponían por delante). Y entonces… vemos el mundo caerse delante de nuestros ojos. Porque esa firma, va a traernos más de un quebradero de cabeza.

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Algo parecido le ocurrió al trabajador de la noticia que leía, al que le ofrecieron el finiquito, y a la misma vez, le introdujeron en el mismo, las siguientes expresiones:

  • “suscribo mi conformidad con el acuerdo de 29 de abril de 2016.”
  • “acepto igualmente las bases de cálculo, cuantía de la indemnización, así como los conceptos y cuantías de la liquidación de haberes, quedan exceptuados únicamente los errores de carácter aritmético de esta.”
  • “me declaro totalmente indemnizado, saldado y finiquitado a todos los efectos, en relación con cualquier concepto, fijo o variable, al que pudiera tener derecho como consecuencia de la relación laboral mantenida y su extinción.”

 

Y después de firmar, sucede que el trabajador comprueba que le corresponde una indemnización mucho mayor y, por tanto, decide llevar el asunto a los Tribunales. Y pierde las dos primeras de las veces, dado que tanto el Tribunal de primera Instancia como el TSJ de Valencia, entienden que la mencionada firma del trabajador, tiene carácter liberador para la empresa. Es decir, que efectivamente, se quedaba con lo recibido, y perdía todo lo demás, y aquí paz y después gloria.

 

La dirección letrada del trabajador, conocedora de que el Tribunal Supremo no tiene la misma idea sobre la liberación que la firma supone para la empresa, decide llevar a nuestro alto tribunal el asunto. Pero a pesar de esto, tampoco el Supremo le ha dado la razón al trabajador, y ello, por una cuestión meramente procesal.

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No entra el Supremo en el fondo del asunto, sino que simplemente entiende que no se ha ofrecido una sentencia de contraste lo suficientemente parecida. Es decir, en este tipo de casos, cuando acudimos al Tribunal Supremo, debemos añadir la sentencia que recurrimos (la nuestra) y otra (sea del Supremo o de algún TSJ) en la que, con los mismos hechos, el sentido de la sentencia fuera distinto. De esta manera, el Supremo decide si en ese tipo de casos, la solución puede ser una u otra, unificando la doctrina, y sentando precedentes para el resto de Juzgados y Tribunales.

 

Lo que ha sucedido en esta ocasión es que el Alto Tribunal entiende que es muy complicado encontrar en este tipo de asuntos una sentencia de contraste lo suficientemente parecida, así que, al no haber identidad suficiente entre los casos, no tiene nada que examinar. Es cierto que la Sentencia tiene 4 votos particulares, que entienden que sí podía entrarse al fondo del asunto, y debía darse al trabajador la diferencia perdida. Pero la democracia, hizo que 4 votos no fueran suficientes y, por tanto, el recurso se haya perdido, dado que la mayor parte de los magistrados entienden que las circunstancias que rodean a las firmas de cada finiquito son tan distintas, que es imposible prácticamente encontrar sentencias de contradicción.

 

Es por ello que me llamó la atención la noticia porque, de haberse tomado algo de tiempo para informarse sobre aquello que firmaba, no se hubiera visto en esa tesitura. ¿Qué recomendamos nosotros? Si no tienes tiempo, dinero o lo que sea (a veces cualquier excusa es buena) para acudir a un despacho profesional a que te analicen lo que vas a firmar… siempre nos quedará la panacea de firmar, usando la coletilla de NO CONFORME. De esta manera, el trabajador recibe lo que la empresa le pone sobre la mesa, pero no pierde su derecho de reclamar aquello que le corresponde ante los Tribunales, con más garantías de éxito que en el caso que nos ocupa.

 

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Esperamos que el caso os parezca tan útil como me lo pareció a mí, y que disfrutéis de nuestra entrada semanal. Me despido unas semanitas, dando paso a mis compañeras.

 

Hasta la próxima.

 

H.

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LOS ERTES POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Buenas a todos. Como siempre, y con gran ilusión, procedo a hablaros de una situación que nos está afectando a muchos de los españoles, la situación de los ERTES para los trabajadores que han visto suspendida su relación laboral durante toda esta situación del COVID-19.

El estado de Alarma ha paralizado la economía de España, y a puesto en peligro muchos puestos de trabajo.

Precisamente para evitar peores consecuencias en el empleo el Gobierno ha flexibilizado los mecanismos de ajustes de actividad para evitar despidos de empresas mientras dure la emergencia sanitaria.

Lo peor de todo es que nos damos cuenta de que en ciertos sectores no esta sucediendo esto, y la alarma social es muy evidente.

Desde MyH Abogados os podemos informar que tenemos todo el asesoramiento para que vuestra empresa sea del sector que sea podamos dar un impulso a través de varias ayudas que se pueden solicitar.

Y tambien asesorar de los aplazamientos con Organismos Oficiales que podemos gestionar.

Al igual informaros de las ayudas que se presentan a partir del dia 15 que es el ingreso mínimo vital y que se debe solicitar a través de la sede electrónica de la seguridad Social

Para cualquier aclaración y poderos ayudar me podeís llamar al telefono 744.602.217, que cualquier duda os la puedo solventar por teléfono o bien en nuestros despachos.

Lo ideal para el empresario es reinventarse al mínimo coste y aprovechando las ayudas estatales.

Estamos a vuestra diposisción para cualquier tema.

También avisaros que el día 30 de junio es el último día para la presentación de la Renta y que si necesitarais aclarar o que os hagamos la declaración no dudeís en llamarme.

Un cordial saludo

Ana Sánchez

Responsable Departamento de Empresas.

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La Comisión por posiciones deudoras: la espada de Damocles del Pobre

Buenos días a todos.

Esta semana continuamos con un tema de nuestra especialidad en el Despacho. Como bien sabéis, nuestro equipo, es especialista en Derecho Bancario, y como bien habéis podido leer en nuestra batería de posts anteriores, hemos publicado sobre asuntos como las cláusulas suelo, el IRPH, las tarjetas “revolving”, y ahora toca otro asunto que me vienen muchos clientes a preguntar si procede reclamar, o si le ampara algún tipo de derecho: la comisión por posiciones deudoras vencidas.

¿Qué es la comisión por posiciones deudoras vencidas?

Dependiendo de la entidad bancaria, normalmente, cuando te pasan el recibo de la hipoteca, préstamo personal, tarjetas, etc., siempre tenemos unos días para poder ingresar el dinero en cuenta sin que haya ningún tipo de penalización. Normalmente son cinco días. Sin embargo, como bien puede pasar a cualquiera, siempre podemos cobrar un poco más tarde, o puede incluso que nos retrasemos por un gasto imprevisto y tardemos más de cinco días en ingresar el dinero.

Una vez pasan esos cinco días, la entidad bancaria procede a imponernos dos cargos en cuenta: la cuota del préstamo que corresponda, y un cargo aparte con el concepto de “comisión por posiciones deudoras vencidas”. Una persona que tenga el cargo de su hipoteca el día 28, y no cobre hasta el día 5 del mes siguiente, siempre tendrá esta comisión cargada en su cuenta mes a mes. El importe medio de este tipo de comisiones es de unos 35 euros por recibo. 

Esta comisión encuentra su origen en la penalización al deudor que se retrasa en el pago de la hipoteca o del préstamo financiero, por “reclamación de la posición deudora”. Esto, amigos míos, es totalmente absurdo, además de ilegal. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, la reclamación de aviso de posición deudora ya es que ni siquiera se hace por carta certificada, sino que suele hacerse por un email, por lo que no genera gastos en absoluto. Además, el tiempo de descubierto en la cuenta corriente es tan pequeño (generalmente hasta que el deudor cobra su nómina). 

Dicha comisión alcanzaría los requisitos de legalidad para ser válida si el deudor no ha satisfecho el descubierto antes de que el banco realice reclamación fehaciente. Pero generalmente el banco ni siquiera se espera a realizar la reclamación para cobrar la comisión.

Si esto ocurre, lo que debemos hacer es reclamarla ante la Oficina de Atención al Cliente de nuestro banco.

¿Por qué se entiende abusiva esta comisión?

Esta profesional que os escribe considera abusiva esta comisión por posiciones deudores vencidas por dos razones de peso:

La primera, es por lo que ya os he expuesto: porque básicamente el banco carga la comisión y realmente no llega a tener que reclamar el pago al deudor, porque el tiempo de descubierto es tan corto que la reclamación no llega a producirse. Es decir, el banco carga la comisión sin hacer la reclamación, y luego no la devuelve porque no es un servicio realmente realizado ni un gasto generado. 

La segunda, es porque se considera una doble penalización al deudor. Porque como todos sabemos, el impago de un recibo de un préstamo financiero, genera intereses de demora que son reclamables al deudor (si luego resulta que el tipo de interés de demora es abusivo, es harina de otro costal del cual hablaremos en el siguiente post). Imponer esta comisión al deudor sin que la reclamación formal se haya hecho, se está penalizando por segunda vez al consumidor por no pagar el recibo. 

¿Cómo se reclama esta comisión?

Si nos cobran una comisión por reclamación de posiciones deudoras antes de tiempo hay que ir cuanto antes a la oficina y solicitar que nos la quiten.

Lo normal es que la quiten sin problema ya que no podrán justificar el gasto en el que el banco ha incurrido por la reclamación.

El banco la cobra y se quedará con el dinero de toda la gente que no reclame por desconocimiento, por vergüenza o por cualquier otro motivo. Hay que reclamar siempre.

Ejemplo claros podemos encontrar por todas partes, si somos de los afortunados que nunca nos ha pasado si preguntamos a familiares o amigos seguro que encontramos algún caso.

Los pasos a seguir son los siguientes:

1º— La cuenta entra en descubierto aunque sea por una pequeña cantidad de 20 euros debido a un recibo o comisión bancaria.

2º— De manera automática el banco carga una comisión por reclamación de posiciones deudoras de media de 35 euros, a esa comisión hay que sumarle otra comisión en concepto por descubierto, que suele ser de un porcentaje sobre la mayor posición deudora pero esa comisión tiene un mínimo de unos 14 euros aproximadamente. Y por último hay que sumar los intereses de demora. Así que simplemente por entrar en descubierto nos cobran 35 euros por un lado y 15 por otro, en total 50 euros. Además de esto, como la penalización principal, hay que añadir los intereses de demora.

3º— En cuanto nos damos cuenta del descubierto ingresamos, vamos al banco y descubrimos con sorpresa que el descubierto que tenemos de 70 euros, en un solo día, o como mucho en dos. Materialmente no ha dado tiempo a que el banco proceda a la reclamación de la cantidad del recibo impagado, por lo que entendemos que ha cobrado ese dinero, “por la cara”.

El Banco de España permite esas comisiones pero exige al banco que Realmente haya hecho gestiones para cobrar la deuda y que el descubierto sea culpa del cliente.

Viendo las cantidades que se cobran en muchos bancos por estos pequeños descubiertos hay que procurar en primer lugar evitarlos.

¿Cuánto cobran las entidades bancarias por este tipo de comisiones?

Banco Santander: 39 euros

Banesto: 39 euros

Sabadell: 35 euros

Bankia: 35 euros

Caixa Bank: 35 euros

Catalunya Caixa: 35 euros

Citi Bank: 35 euros

Ibercaja: 35 euros

Liberbank: 35 euros

Unicaja: 35 euros

Banco Pastor: 34 euros

Banco Popular: 34 euros

Bankinter: 30 euros

BBVA: 30 euros

ING Direct: 25 euros

Espero que os haya resultado ilustrativo, si necesitáis o estáis afectados por este tipo de cláusulas, no dudes en ponerte en contacto con nosotras para lo que necesitéis.

¡Hasta la próxima!

CONSUMIDORES, DERECHO BANCARIO

NO CONSUMIDORES Y CLÁUSULAS SUELO. RECLAMA YA TU DINERO.

Buenas a todos, de nuevo.

Esta semana, queremos empezarla abordando un tema de especial novedad e importancia, como es la posibilidad de reclamar lo pagado de más en las cláusulas suelo para aquellos que no tienen la condición de consumidores.

Hasta ahora, los únicos que tenían garantía de éxito en los Tribunales, eran aquellos que realizaban un contrato de préstamo hipotecario con una entidad bancaria para adquirir su vivienda habitual, y además, lo hacían con una condición de consumidores. Es decir, que lo hacían de manera absolutamente ajena a su actividad profesional, y además, en muchos casos, se exigía también que su profesión no estuviera relacionada en absoluto con el tema bancario (aunque en este despacho hemos obtenido sentencias estimando totalmente nuestras demandas incluso para quienes habían sido empleados de banca).

Pero no siempre que alguien constituye una hipoteca sobre un bien inmueble lo hace para comprarse una casa; pensemos por ejemplo en alguien que quiera abrir un negocio, o reformarlo, o simplemente necesite financiación para saldar ciertas deudas, y no tenga ingresos suficientes ni más bienes para avalar esa petición de dinero que su vivienda. Y sin embargo, aunque estos préstamos estaban minados igualmente de cláusulas abusivas, los Juzgados y Tribunales no terminaban de ponerse de acuerdo sobre qué debía hacerse con estos ciudadanos, por lo que dependía de en qué territorio, o incluso, de en qué Juzgado dentro del mismo territorio te cayera el caso.

Sin embargo, todo esto ha cambiado, y de qué manera con la Sentencia del Tribunal Supremo 812/2020, que se ha publicado recientemente. En este caso, como decimos, nos encontramos con una persona que hipotecó su vivienda para invertir el dinero en adquirir una licencia municipal de auto-taxi de Madrid. Es decir, que como realizó el contrato en una operación relacionada con su actividad profesional de taxista, no era considerado consumidor y, por tanto, no estaba protegido, a pesar de que la suelo era absolutamente desorbitada (era de un 6.50% cuando normalmente están sobre el 3.5%).

La demanda se gana en primera instancia por este ciudadano, y la entidad bancaria recurre, perdiendo también ante la Audiencia Provincial. No teniendo bastante con ello, deciden llevarlo al Tribunal Supremo, que recientemente, volvía a dar un tirón de orejas a las entidades bancarias, abriendo la puerta a numerosas futuras reclamaciones.

En este caso, admite íntegramente el razonamiento tanto de la primera como de la segunda instancia, que inciden en que no se habían cumplido ciertas obligaciones administrativas (como la entrega del famoso FIPER), ni había advertido expresamente el notario de la existencia de la suelo, por lo que realmente no hubo posibilidad real de conocer que el préstamo tenía una cláusula que limitaba la variación de los intereses, impidiendo que bajaran del 6.5%.

Considera el Alto Tribunal que, aunque es jurisprudencia reiterada que en los contratos celebrados con no consumidores no puede realizarse el típico control de transparencia y abusividad, sí que puede y debe realizarse el control de incorporación. Control que la cláusula debatida no supera porque los prestatarios no tuvieron oportunidad real de conocer su inclusión en el contrato, ni por tanto, su mera existencia. Y este control de incorporación procede, nos recuerda el supremo, sea el justiciable consumidor o profesional, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5.5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación.

Y además, nos recuerda el Supremo que no se trata de una mera comprensión gramatical, sino que “debe tratarse de una cláusula con una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión gramatical normal y que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al tiempo de la celebración del contrato. Es decir, junto al parámetro de la claridad y comprensibilidad, debe concurrir el requisito de la posibilidad de conocimiento, puesto que el control de inclusión es, fundamentalmente, un control de cognoscibilidad.”

Por tanto, esta sentencia abre la puerta a miles de reclamaciones que, hasta ahora, permanecían congeladas por temor a una posible condena en costas. Ahora podrán reclamar y conseguir, no sólo la devolución de las cantidades pagadas de más, sino también que la mencionada cláusula se elimine de su préstamo hipotecario y, por tanto, beneficiarse de las bajadas de los tipos de interés.

Si estás entre los afectad@s por una cláusula suelo, o cualquier otra abusiva, y nos has podido reclamar por no ser consumidor, no esperes más, y ponte en contacto con nosotros. Recuerda que tanto en la página principal como en cualquiera de los perfiles oficiales de nuestras redes sociales, podrás encontrar todos los datos para preguntarnos lo que quieras. ¡No dudes en reclamar, y recupera ya tu dinero!

Hasta la próxima entrada

H.

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AYUDAS E INFORMACIÓN DE FINANCIACIÓN DEBIDO AL C.19

Muy buenos días.

Desde MyH Abogados les queremos informar que desde nuestro Departamento de Empresas, dada la situación que atraviesa la pequeña, mediana empresa y autónomos, queremos que cuenten con nuestro equipo, desde hoy mismo para la gestión e información de las Ayudas que pueden solicitar y la financiación que ya se está ofreciendo.

Ahora es el momento de estar informados y solicitar dichas ayudas.

Por ejemplo la Junta de Andalucía ha aprobado unas medidas urgentes para los autónomos y mutualistas que por persona son 300 euros. Para ello solo hay que presentar una solicitud online.

También existen los Préstamos ICO

Estos préstamos se getionán a través de entidades financieras.

Ahora mismo se pueden solicitar por falta de liquidez, para abonar sueldos, alquileres, pagos a proveedores, pago y vencimiento de obligaciones tributarias.

Plazo hasta 5 años con un año de carencia.

Garantía hasta el 80%.

Se pueden acoger a estas ayudas cualquier actividad empresarial menos compañías de seguros y empresas pertenecientes a los sectores financieros.

Hay distintas opciones para empresas de menos de 10 trabajadores como empresas de mas de 250 trabajadores.

Ahora mismo al menos tenemos que estar informados y no ir a pulmón con todo, ya que las ayudas las garantiza el Gobierno.

Para cualquier duda podéis llamarme al 744.602217 desde las 8 de la mañana a las 20.00 Horas.

Desde MyH Abogados os garantizamos toda la gestión e información para su empresa. Lo importante es luchar y seguir luchando que es a lo que estamos acostumbrados los Españoles.

Un cordial saludo.

Ana Sánchez.

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Las tarjetas “revolving”. Una condena en vida.

Buenas a todos.

Estamos de vuelta. Esta semana os traigo un post muy interesante sobre las conocidas tarjetas “revolving”, unas tarjetas con un tipo de interés tan abusivo que podría incluso calificarse de usurario, una conducta despenalizada en nuestro sistema jurídico, aunque moralmente reprochable y reclamable a nivel civil.

Este tema me empezó a interesar hace unos meses, mucho antes de que el Supremo se pronunciase sobre este tipo de tarjetas. Una persona que empezó como clienta y acabó siendo amiga y seguidora de referencia de nuestro blog, vino al despacho a hacerme una pregunta cuando hubo todo el boom del IRPH y las cláusulas suelo. Le dije que me trajese toda la documentación que tuviese para hacerle un estudio. Ya había leído previamente comentarios en numerosos foros y grupos legales sobre este tipo de tarjetas. 

Una vez examinada su documentación y vi de que deuda se trataba, inmediatamente me di cuenta de que se trataba de una de este tipo de tarjetas revolving o revolventes y que soy emitidas por empresas como Cofidis, Alcampo, Carrefour Wizink, Cetelem y otras más que, cada vez más usuarios utilizan, motivados sólo por la posibilidad de contar fácilmente con un dinero determinado y que van a poder devolver después en cómodos plazos. En este caso era la tarjeta Carrefour.

Lo que ignoran estas personas es lo que hay detrás de esas tarjetas o de los préstamos que se conceden a través de ellas.

Se trata de un tipo de tarjetas que operan como una línea de crédito en la que, la entidad financiera pone a disposición del cliente un importe determinado de dinero, dinero que le va a permitir, por ejemplo, comprar en un establecimiento comercial un electrodoméstico u otro producto determinado. Siempre está disponible y bajo la apariencia del pago en cómodos plazos se encuentra una trampa más que consolidada que solo tiene como objetivo forrar de dinero a base de cobros indebidos por abusivos a la entidad emisora de la tarjeta. 

¿Qué tipo de deuda se constituye con una tarjeta “revolving”?

Se trata en definitiva de unas tarjetas utilizadas para realizar pagos extraordinarios, derivados de situaciones en las que el cliente no dispone de liquidez inmediata para comprar esos productos. Imaginaos. Se nos estropea una lavadora y no tenemos los 320 euros que nos cuesta el poderla comprar. Nos vamos a Carrefour. Allí, encontramos un montón de cartelitos donde nos pone “paga y financia tus compras con tu tarjeta Pass”. Y allí que nos vamos, y nos sentimos satisfechos con la compra de nuestra lavadora que vamos a pagar, supuestamente, en cómodos plazos con el crédito de la tarjeta. 

Una vez efectuada la compra y cargada en cuenta la cantidad correspondiente, el cliente queda obligado a devolver el dinero o bien pagando un porcentaje determinado de ese importe, o mediante cuotas mensuales fijas convenidas cada mes. 

De lo que no se informa convenientemente al solicitar estas tarjetas, es de los intereses totalmente abusivos y usurarios que queda obligado a pagar. Y lo de la usura no lo dice una servidora deforma gratuita para manchar el nombre de estas entidades, de lo cual se nos acusa continuamente en los Juzgados a los letrados que firmamos las demandas, sino nuestro Tribunal Supremo y los Tribunales de Justicia, en sus reiteradas sentencias. El pasado 5 de marzo, obtuvimos la última sentencia, aplastante para estas entidades, donde se informa que este tipo de interés, además de ser abusivo, dependiendo de la emisora de la tarjeta, podría calificarse como usurario. Es una lástima que a día de hoy este tipo de conductas no puedan perseguirse en un Juzgado por una vía penal. Es una verdadera lástima, pero al menos podemos usar toda nuestra batería de legislación civil para pelearlo en los Tribunales de Instancia.

El usuario de estas tarjetas, probablemente acuciado por la necesidad de obtener un dinero fácil para comprar ciertas cosas, lo que no sabe es que va a caer en la gran trampa de esta operación financiera que proporciona la tarjeta revolving. 

El incauto cliente, de cuya ignorancia se aprovechan este tipo de entidades financieras, va a aceptar un enmarañado clausulado de condiciones contractuales, con una letra pequeña prácticamente ilegible, que lo que van a pretender, es ocultar el elevado interés que van a tener que pagar por ese préstamo y que va a ser de 2, 3 o 5 veces superior al del mercado. Generalmente supera el 20% además de las comisiones correspondientes.  Pero es que, además, para difuminar este alto tipo de interés, se va a dejar recogido el interés remuneratorio mensual, pero no así el anual que es como debería de ser.  Además de todo esto, entre lo que va a quedar obligado a pagar el pobre consumidor, está la comisión de apertura, los gastos de avales concedidos por entidades diferentes a las que concede el préstamo, las primas de seguro concertadas a favor de la entidad comercial, o la comisión de estudio. Todo esto que ha de sumarse al importe nominal del crédito, está por encima del 24% en la mayoría de las tarjetas. Ojo, un 24%, ¿os imagináis? Es terrorífico. Con este tipo de interés es que la deuda se empieza a eternizar haciendo que con el paso del tiempo amortice muy poco capital y que se lleve toda la vida pagando intereses y más intereses. Llega un momento en que el cliente ve que la deuda no acaba y se llega a asfixiar económicamente. En el sentido de que este tipo de tarjetas está diseñada para que, cuando tengas un mal mes, tengas que tirar de la tarjeta para cubrir los gastos, y al mes siguiente igual, y luego al otro, y al otro y al otro. Así eternamente.

¿Qué problemas surgen con la tarjeta “revolving”?

El problema que va a sufrir el cliente tras aceptar esto, es que va a entrar en un círculo vicioso del que no va a poder salir, ya que la deuda va a crecer con el tiempo, al no poder amortizarla y esta va a seguir generando intereses que, a lo largo del tiempo, pese a estar pagando religiosamente todas las cuotas convenidas, la deuda apenas va a reducirse o sencillamente no se va a reducir.

En ese círculo vicioso en el que el pobre cliente ha quedado metido, se va a encontrar con la más absoluta falta de transparencia, ya que tras llevar varios años pagando cuotas mensuales, no van a saber el tiempo que aun les falta para amortizar la deuda y pese a que materialmente sumando las cuotas mensuales pagadas, el crédito ha sido cancelado con creces, parece que la deuda va a seguir existiendo porque los fuertes intereses devengados la están haciendo crecer y crecer sin freno alguno.

Tanto es así que, al día de hoy, casi todos los Tribunales de España y el Propio Tribunal Supremo, ya se han pronunciado en el sentido de reconocer que se cumplen los requisitos necesarios para que considerar que estos créditos infringen la Ley de Represión de la Usura y que por tanto han de considerarse abusivos y por consiguiente nulos.

¿Cómo puedes reclamar los intereses abusivos de tu tarjeta “revolving”?

Lo primero que tenéis que hacer es traernos a los letrados de vuestra confianza (o a quien queráis por supuesto), el contrato de vuestra tarjeta revolving, sea de la entidad que sea. Además de esto, una fotocopia de vuestro DNI y que nos firméis una carta de designación. 

Y diréis ¿qué es una carta de designación? Un documento donde firmáis que designáis al despacho profesional correspondiente de cara a la entidad financiera para tramitar extrajudicialmente la cuestión de la abusividad de la  tarjeta revolving. 

Una vez el despacho tenga esa documentación en su poder, procederá a presentar ante la entidad financiera una reclamación extrajudicial formal en la que solicitamos respetuosamente a la entidad financiera que deje sin ningún tipo de efecto el interés de demora abusivo y se proceda a recalcular la amortización del crédito con la correspondiente devolución de las cantidades cobradas de más.

Evidentemente, la entidad financiera ganará tiempo diciendo que no. Ante esto, procederemos a presentar la demanda ante el Juzgado especializado de cláusulas abusivas de la ciudad que corresponda. Este proceso, adelantamos, va a durar mucho tiempo debido al colapso que tiene el sistema de justicia español por falta de funcionarios y de jueces de refuerzo. Pero la idea que intentamos transmitir, es que este procedimiento va a seguir sus cauces legales correspondientes y que, merece la pena reclamarlo. 

Estamos a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir. Podéis remitir vuestra documentación a la dirección corporativa del despacho, mateosyhuelga.abogados@gmail.com

Por supuesto, el estudio del contrato de la tarjeta es completamente gratuito y, como siempre, este despacho profesional ofrece flexibilidad en la forma de pago de nuestros honorarios, como siempre hemos hecho.

No olvides compartir en tus redes sociales.

Un beso a todos. ¡¡Hasta la semana que viene!!

DERECHO BANCARIO

IRPH. GUÍA DEL MISMO Y RECLAMACIÓN.

¡Buenas a todos!

 

Ya estamos por aquí de vuelta, que ya iba siendo hora. El caso es que, últimamente nuestro blog andaba bastante abandonado, para ser realistas, pero con esto del confinamiento, y el hecho de que los Juzgados estén prácticamente cerrados, creemos que es hora de revitalizarlo, y aprovechas la oportunidad para ver si lo tomamos como costumbre.

 

La cuestión es que para volver al ritmo normal (o al que nos gustaría que fuera normal) hemos elegido hacer una miniguía del IRPH, por ser un producto bancario que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todos esperaban que provocara un aluvión de reclamaciones, judiciales y extrajudiciales. Y lo hará, con total seguridad, aunque por el momento se encuentre en un estado lógico de congelación.

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Pues bien, lo primero que debemos hacer es, en nuestra humilde opinión, hacernos una idea de qué es lo que se reclama en estos casos. Porque muchos clientes piensan que se trata de una especie de suelo, y no es exactamente así. La cláusula suelo, como hemos indicado en otras publicaciones, evita que la hipoteca baje por debajo de un mínimo (normalmente suele rondar el 3.5% o alrededores), haga lo que haga el euríbor. Y lo cierto es que, los clientes que tienen una hipoteca con IRPH, tampoco han conseguido que baje nunca, pero por razones bien distintas.

 

Como todos lo que tenemos una hipoteca sabemos, o intuimos, la misma suele estar vinculada a un índice, al que luego se aplica un porcentaje, el llamado diferencial. Pues bien, la práctica mayoría de las hipotecas, están vinculadas al euríbor, por lo que su cálculo para modificaciones, anuales o semestrales, se hace viendo el euríbor que corresponde, y luego se le aplica el diferencial pactado (por decir algo) con el banco. Pero, como decimos, esto ocurre en la mayoría de los casos, pero no en todos. Lo que ocurre en la segunda categoría de préstamos es que la hipoteca, directamente, no está vinculada al euríbor, sino a otro índice, conocido con este nombre IRPH. Índice que, casualmente, no ha bajado en prácticamente ninguna ocasión, como si ha hecho el euríbor, sino más bien al contrario, ha subido exponencialmente. Que sea porque los bancos influyen más o menos en su oscilación (razón por la cual empezó a atacarse este índice es harina de otro costal). El caso es que, en estos casos, como decimos, la hipoteca no baja pero no por tener una cláusula que limite la oscilación del tipo de interés (la famosa cláusula suelo), sino porque el índice de referencia que se aplica en la fórmula de variación del precio pagado por el consumidor simple y llanamente, no ha bajado. Se encontrara como se encontrara la economía general.

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Esto hizo que muchos consumidores decidieran empezar a reclamar la supresión de la cláusula que vincula la hipoteca al IRPH y su sustitución por el euríbor, con abono de las cantidades pagadas de más. Ojo que he leído artículos que estipulan la diferencia a pagar entre unos 12.000 y 20.000 euros por préstamo hipotecario. Es decir, que es un caramelo bastante jugosito. Pero en los primeros tiempos de estas reclamaciones, no había jurisprudencia consolidada, y tampoco legislación férrea al respecto. Es decir, que los consumidores metían su reclamación en el Juzgado, y se encomendaban a la sapiencia de Su Señoría, y a lo pro o contra consumidor que fuera para que aquello prosperaba.

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Sin embargo, tras la cuestión planteada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la cosa cambia, y para bien. Porque su sentencia es aplastante, y está bastante bien amarrada como para que los consumidores afectados puedan reclamar sin miedo a que su pleito y sus esperanzas, ya no sólo de recuperar dinero, sino de tener un alivio en su cuota hipotecaria, quede en agua de borrajas.

 

Un vez más, fue un Juzgado catalán el pionero en preguntar al Tribunal de Justicia Europeo, no una, sino tres preguntas, entendiendo que, tras las bases que este tribunal diera, podría juzgarse mejor este tipo de pleitos. Y sinceramente, creo que el mundo jurídico debe alabarle el gusto. El Juzgado, de la ciudad de Barcelona, eleva las siguientes cuestiones:

  • ¿Debe ser objeto de tutela jurisdiccional el IRPH, en el sentido de si el consumidor y usuario ha podido comprender lo que realmente implica?
  • ¿Se puede invocar en estos casos el artículo 4.2 de la directiva 93/13 (no traspuesto por cierto a nuestro derecho español), entendiendo que si no se ha dado una información suficientemente clara al consumidor, la cláusula debe ser considerada abusiva?
  • La más importante ¿Qué hacemos con el préstamo? ¿Lo dejamos sin indice para calcular el interés, o por el contrario, lo vinculamos al euríbor?

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Pues bien, lo primero que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia, es apelar a dicha directiva 93/13 del Consejo, de 5 de Abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos con consumidores. Y dentro de la misma, subraya dos artículos clave:

 

  • Artículo 5, que nos indica que las cláusulas incorporadas a los contratos con consumidores y usuarios deben estar redactadas de manera meridianamente clara y comprensible. Es decir, que como pasaba con la cláusula suelo, el consumidor debe entender perfectamente aquello que contrata, y las consecuencias que tendrá en la vida de su préstamo. Tanto es así que, nos recuerdan desde Europa, la mínima duda en este sentido, debe resolverse siempre de manera favorable al consumidor y usuario.
  • Artículo 6, que nos indica que si la cláusula no pasa el filtro anterior, debe ser eliminada del contrato, de manera directa, es decir, considerar que no vincula de manera alguna al consumidor, siendo el resto del contrato (préstamo hipotecario en este caso) válido. Es decir, que la hipoteca seguirá su curso, pero con la cláusula considerada abusiva eliminada.

 

A continuación, el Tribunal Europeo, pasa a responder a las tres preguntas que le formulaba el Juzgador español. Indicando, por partes, lo siguiente.

 

Con respecto a la primera de las cuestiones, si puede el Juzgador tutelar o no el IRPH en cuanto a la claridad y comprensibilidad de la cláusula, es absolutamente claro y responde de manera contundente que de hecho, sí, al encontrarse dentro del marco amparado por la ya comentada directiva 93/13. 

 

En cuanto a la segunda de las cuestiones, es decir, si debe valorarse que la falta de información suficiente al consumidor, debe llevarnos a la conclusión de que estamos ante una cláusula abusiva, responde de manera también afirmativa. En este sentido, nos recuerda el Tribunal Europeo que, como casi siempre, el consumidor y usuario se encuentra en una clara situación de inferioridad con respecto al empresario, en este caso, la entidad bancaria. Esto hace que, toda cláusula que no haya sido negociada individualmente con el consumidor deba ser examinada, en el sentido de que sea clara y comprensible, más allá del sentido gramatical de la expresión. Por ello, habrá que examinar caso por caso. Que traducido resulta que, como pasaba con las cláusulas suelo, poco menos que si no se ha hecho al consumidor un cursillo sobre tipos de referencia y su impacto en la hipoteca, la cláusula va a caer por su propio peso.

Y la tercera de las cuestiones, casi la más importante para quien quiera reclamar, que no es otra que saber qué ocurrirá con el préstamo, la responde también de manera tajante. Es decir, a la pregunta del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona de si el préstamo debe quedar sin interés o cambiarse por otro índice el eliminado, nos indican desde Europa que efectivamente, una vez la cláusula se declara abusiva, puede introducirse una supletoria en el contrato, para que el préstamo pueda seguir vivo. Esto nos lleva a esperar que, una vez eliminado el IRPH, lo que determinará la oscilación de las cuotas será el euríbor.

 

Y lo más importante, y esto debe ser que ya nos ven venir de lejos en Europa, deja bastante claro que todo esto que venimos diciendo debe hacerse sin limitación temporal en el tiempo. Es decir, que no puede ni debe ponerse una fecha a partir de la cual se pueda reclamar lo pagado de más y otra a partir de la cual, lo pagado de más se ha perdido y punto, como ya pasó temporalmente con las cláusulas suelo. Simplificando, la entidad bancaria deberá devolver todo lo pagado de más desde que se empezó a aplicar el IRPH, es decir, desde el inicio de la hipoteca. 

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Y ahora la pregunta tal vez más importante para el cliente. ¿Cómo lo hago? Pues bien, diremos que la reclamación se dará en dos pasos:

  • En primer lugar habrá que dirigir una reclamación extrajudicial al banco, reclamando la eliminación de la cláusula, así como su sustitución por el euríbor, y la devolución de las cantidades pagadas de más.
  • En segundo lugar, si la entidad no responde, o la respuesta es negativa (es lo previsible), habrá que presentar demanda ante los Juzgados de Primera Instancia del lugar que corresponda a cada consumidor.

 

En nuestro despacho, podemos hacernos cargo de ambas fases, o de aquella que necesitéis, así que, ante cualquier duda, o si estáis pensando en reclamar vuestro dinero, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. De hecho, si no sabéis bien si vuestra hipoteca tiene o no IRPH, os recordamos que el estudio de la misma, así como de las cláusulas que se pueden reclamar y el dinero que se recuperaría, es absolutamente gratuito.

 

Espero que el post os haya sido de utilidad, y haya conseguido aclarar un poco vuestras dudas al respecto.

 

Nos vemos en la próxima publicación (esperemos que el confinamiento haya llegado ya a su fin). Y si no es así, que estemos cerca, y que estemos todos.

 

Mucha fuerza.

 

H.

 

Laboral, Sin categoría

PENSIÓN DE INVALIDEZ NO CONTRIBUTIVA.

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¡Buenas a todos!

Encantadas de estar por aquí de nuevo, como cada quincena. Aprovechamos la ocasión para recordaros a todos, que hemos vuelto a colaborar con Mujeres Valientes, donde podréis vernos cada mes, con una de nuestras historias reales.

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Hoy, en nuestro blog, dedicaremos el post quincenal a las pensiones de invalidez no contributivas. Sí, esas que normalmente obtienen quienes no tienen el tiempo de cotización suficiente para acceder a las incapacidades al uso, pero por sus patologías, no están aptos para desarrollar actividades laborales. Y es que, nuestro sistema de la Seguridad Social prevé un sistema de pensiones complementario, precisamente para estos casos, es decir, para cubrir situaciones de necesidad de aquellas personas que, con una incapacidad, no cumplan con los requisitos que se requieren para las pensiones contributivas. Diremos, en primer lugar, que el reconocimiento de estas incapacidades no contributivas dan lugar también a la asistencia sanitaria, así como el acceso a los servicios sociales que se establecen ordinariamente para los pensionistas.

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Los requisitos para poder acceder son los siguientes:

  • Tener entre 18 años y 65.
  • Haber residido en territorio español más de 5 años, 2 de ellos inmediatos a la fecha de solicitud de la pensión no contributiva.
  • No tener ingresos propios, ni rentas de otro tipo. Este punto es clave, dado que no se valora sólo el perfil económico del solicitante, sino el de toda su unidad familiar o de convivencia, lo que hace complicado que algunas personas, sobre todo cuando convive con hijos mayores, puedan acceder a dichas prestaciones, pues, aunque no tengan en su propia persona ingresos, es fácil rebasar el baremo económico, si el cónyuge, o los hijos, trabajan.

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El grado de discapacidad se determina por un baremo, teniendo en cuenta tanto las patologías físicas como psíquicas o sensoriales que sufra la persona, valorándose también los factores sociales que rodean a la persona (entorno familiar, desarrollo cultural, factores educativos, etc). Es importante decir que el grado de discapacidad que reconozca el EVI no será definitivo, sino que es perfectamente revisable. La primera revisión posible será a los dos años del reconocimiento de la misma, o de su denegación, en definitiva, de la resolución de la Seguridad Social al respecto, pudiendo solicitarse por el propio interesado, que crea que ha tenido un empeoramiento, o bien requerirse de oficio por la propia Seguridad Social, para comprobar que se mantienen todos los factores valorados, o para descartar una mejoría o recuperación total.

 

El procedimiento se inicia, sin embargo, siempre a instancia de parte, ante el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma en cuestión, que, una vez valorado el paciente y estudiada la documentación aportada, así como la que ya obre en poder de la administración, responderá con su resolución en un plazo máximo de 3 meses. En caso de disconformidad, bien por denegación total, o bien por no estar de acuerdo con el grado otorgado, será necesario agotar la vía administrativa con los recursos extrajudiciales correspondientes. Y si al administración no cede, cosa que es lo más habitual, habrá que interponer la correspondiente demanda, siendo competentes los juzgados de lo social.

 

Lo siguiente que debemos examinar es si este tipo de pensiones es compatible con alguna actividad laboral. Y precisamente, para evitar la desmotivación de los beneficiarios de entrada al mercado laboral por pérdida o reducción de la pensión, se facilita su integración laboral, flexibilizando su compatibilidad con un trabajo remunerado durante los 4 años siguientes al inicio de dicha actividad. Aunque, eso sí, existe la obligación por parte del beneficiario de comunicar a la Seguridad Social el inicio de sus actividades laborales.

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Por último, entraremos a examinar las causas de extinción de la prestación no contributiva, que son las siguientes:

  • Dejar de residir en España, a partir de 90 días al año de residencia en el extranjero, a menos que se deba a enfermedad u otra razón grave que se pueda justificar fehacientemente.
  • Recuperación o mejoría de la enfermedad o patologías sufridas.
  • Obtener rentas o ingresos por encima de los baremos que se establecen periódicamente.
  • Fallecimiento del beneficiario.

 

Hasta aquí la entrada quincenal. Esperamos que os haya servido de ayuda, y os esperamos para la próxima.

 

¡Saludos!

 

H.